La denuncia corrió a cargo del diputado del PP por Álava y ex alcalde de
Vitoria Alfonso Alonso quien comentó que
“en conciencia no podíamos votar a favor del decreto”, por lo que optaron por la abstención como ‘mal menor’. En una improvisada rueda de prensa, pocas horas después de finalizar el pleno, el PP repartió a los periodistas el listado de los
41 Ayuntamientos de Euskadi y Navarra gobernados por ANV -más de la mitad con mayoría absoluta- que van a beneficiarse de una parte de esa inyección de fondos que contempla el decreto y que ellos han cifrado en 31.739.471 euros.
Alonso lamentó el veto que ha recibido su grupo por parte del Gobierno y del PSOE a que el decreto se tramite como proyecto de ley como ellos pedían, mientras calificaba de “
indecente” que se permita manejar tanto dinero a los radicales que apoyan a ETA. Alonso volvió a insistir en la necesidad de disolver estos Ayuntamientos y de expulsar de las instituciones a ANV, responsabilidad que atribuyó en exclusiva a la falta de voluntad política del Gobierno de
Zapatero.
A juicio de Alonso los ciudadanos están
“indignados” ante la adjudicación de obras a estos consistorios, sobre todo después del asesinato del empresario
Ignacio Uria, una actitud que calificó como de
“autentica vergüenza” teniendo en cuenta que está más que probada la relación entre esos ediles con la banda terrorista ETA.
“El Gobierno tiene que achicar los espacios del terror y echarles de esas instituciones”, dijo Alonso, quien consideró todo este asunto como
“una cuestión de Estado y de pura ética”.