Ayer el Alto Tribunal británico falló que el Gobierno no puede iniciar el “Brexit” sin la aprobación del Parlamento. Los demandantes cuestionaron el derecho del Gobierno de iniciar el proceso, en un caso con grandes implicaciones constitucionales y sobre el equilibrio de poder entre el Parlamento y el Gobierno. En la demanda sostuvieron que la salida de la UE eliminará derechos como el de la libertad de desplazamiento dentro de la UE, lo cual requiere la aprobación del Parlamento. En el referendo del 23 de junio el “Brexit” se impuso con un el 52% de los votos frente a un 48% en contra. El Gobierno ya anunció que apelará ante la Corte Suprema, y si la sentencia se convierte en firme, puede entorpecer y ralentizar el incio previsto para finales de marzo de las negociaciones con la UE. Si se confirma que es necesaria la aprobación parlamentaria, los diputados teóricamente podrían bloquear el Brexit, pero esta opción a priori parece improbable ya que pocos miembros del Parlamento estarían dispuestos a revocar una decisión tomada por el pueblo en referéndum, y tampoco está claro cuál debería de ser el procedimiento Parlamentario a seguir. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra decidió mantener ayer sin cambios los tipos de interés y dijo que el futuro de la política monetaria dependerá de las previsiones de crecimiento y de inflación para 2017. Además anticipó un menor impacto a corto plazo por el Brexit aunque advirtió que el acceso británico a los mercados de la UE podría verse reducido, lo que podría dañar el crecimiento económico durante un periodo prolongado de tiempo.
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