La posibilidad de que la presidencia estadounidense invoque la Ley de Insurrección ha reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de seguridad interior. La amenaza de emplear tropas federales en ciudades con gobiernos estatales y locales opositores ha generado una nueva tensión institucional entre el gobierno federal y las autoridades locales, en un contexto de polarización política creciente. Los mercados financieros, tradicionalmente sensibles a episodios de confrontación institucional, observan con cautela la posibilidad de que una interpretación expansiva de la ley federal siente precedente sobre la intervención militar en asuntos civiles.
En paralelo, la crisis política francesa continúa profundizándose tras la dimisión del quinto primer ministro en menos de dos años, situando nuevamente al Ejecutivo ante la disyuntiva de convocar elecciones legislativas o intentar la formación de un nuevo gabinete. La fragmentación parlamentaria, unida al desgaste de la presidencia, ha debilitado la capacidad de gobernabilidad y genera incertidumbre sobre la continuidad de la política fiscal, especialmente en un contexto de elevado déficit y creciente desconfianza de los inversores. La presión de los mercados, reflejada en el aumento de la prima de riesgo y la caída de los valores bursátiles franceses, añade una dimensión económica a una crisis que ya trasciende lo político. De no lograrse un acuerdo que asegure estabilidad institucional, el escenario de elecciones anticipadas o incluso un gobierno técnico gana fuerza como alternativa transitoria ante un sistema que muestra signos de fatiga estructural.
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