Acceso a una dieta saludable: un derecho en riesgo

La obesidad afectará a más de la mitad de la población mundial en 2035. Esta inquietante proyección se desprende del reciente informe World Obesity Atlas 2023 que advierte que en doce años las tasas de obesidad y sobrepeso continuarán incrementando a un ritmo acelerado. El informe ubica a los niños como los más afectados por esta realidad. Se estima que alcance a más de 100 millones de niños de 5 a 9 años y a más de 150 millones de adolescentes de 10 a 19 años alrededor del mundo. La situación en España ya es de alto riesgo y el período de aquí al 2035 no será mejor si no se toman medidas urgentes. Los pronósticos indican que el 37% de los adultos españoles padecerá obesidad. Es por ello que se multiplican los llamados a la acción para que se pongan en marcha planes nacionales contra la obesidad.

Según datos del Observatorio Global de la Obesidad, el 16% de los españoles tiene obesidad. Cuando hablamos de obesidad infantil, las cifras empeoran considerablemente. España se sitúa muy por encima de la media europea y lidera como el tercer país europeo con mayor prevalencia de sobrepeso y el cuarto cuando se trata de cifras de obesidad infantil. Según datos del estudio Pasos de la Fundación Gasol, el 21,6% de los niños españoles tiene sobrepeso y el 11,8% obesidad.

Para los niños y adolescentes que viven en hogares con menos recursos, crecer sanos se ha convertido en un verdadero desafío. Los números confirman que las posibilidades de desarrollar obesidad se duplican en el caso de las infancias que viven en hogares con rentas bajas. De hecho, España se ubica entre los países de la UE donde la tasa de riesgo de pobreza infantil y la de obesidad presentan una correlación más alta. Lo que se desprende de estas cifras es que la pobreza infantil es uno de los principales factores que incrementa la posibilidad de tener exceso de peso. En ese sentido, un informe reciente realizado por el Instituto Universitario CEU Alimentación y Sociedad, junto a la Fundación Mapfre arroja preocupantes datos.

El estudio 'Alimentación, sociedad y decisión alimentaria en la España del siglo XXI' demuestra cómo han cambiado los hábitos alimenticios de los españoles tras el Covid-19, el auge del teletrabajo y la crisis económica. El informe reafirma que cuanto menor es el nivel de ingresos de un hogar, la dieta es de peor calidad nutricional. Esto debido a que se prioriza la compra de productos más baratos y se reduce el consumo de productos frescos como las frutas, verduras y hortalizas, como así también de carne y pescado. España es además, el país de la UE con el menor consumo de vegetales a diario entre niños y el tercero cuando se trata de consumo de frutas.

Tal y como lo ha explicado a EFE el vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), Albert Lecube, "la obesidad es una enfermedad en sí misma, compleja, crónica y multicausal". Por ende, es fundamental analizar los factores que contribuyen a la obesidad con el fin de frenar la tendencia en alza de incremento de casos. Como bien lo indica Johanna Ralston, directora ejecutiva de la Federación Mundial de Obesidad, "no podemos darnos el lujo de ignorar las crecientes tasas de obesidad por más tiempo". Está claro que los formuladores de políticas deben asumir su compromiso y adoptar medidas que permitan frenar el avance de esta enfermedad.

Un claro ejemplo de iniciativas que van en esta línea es el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil. Se trata de una hoja de ruta cuyo principal objetivo es que los niños y adolescentes crezcan sanos, sin barreras que se lo pongan más difícil independientemente de su origen social o territorial. El plan es construir una España más saludable en la que crecer sano sea un derecho.

Entre las líneas estratégicas del plan destacan medidas como el desarrollo de un ecosistema social promotor de la actividad física y el deporte. Otra de las líneas estratégicas se focaliza en la promoción de dietas saludables, entre cuyas iniciativas destaca la incorporación en los planes de estudios de las cuestiones relacionadas a la nutrición o la adopción de medidas de reformulación para mejorar la composición nutricional de los productos.

Teniendo en cuenta que los patrones de alimentación y dieta han cambiado drásticamente en España, es fundamental reorientar a los consumidores hacia el consumo de frutas, verduras, legumbres y productos frescos, todos ellos característicos de la dieta mediterránea, reconocida por sus múltiples beneficios para la salud y a su vez, calificada por la FAO como dieta sostenible ejemplar. Lamentablemente, así como hay iniciativas que se celebran, otras por el contrario, no están dando en el clavo. Este es el caso del etiquetado nutricional de alimentos adoptado de forma voluntaria en España, la controversial etiqueta NutriScore.

En lugar de guiar a los consumidores hacia una dieta saludable como lo es la mediterránea, la etiqueta Nutri-Score les hace creer que los productos estrella que la componen, como el aceite de oliva, no son lo suficientemente saludables. En la escala de la A a la E del NutriScore, el aceite de oliva comenzó llevando una etiqueta D que luego se convirtió en C. Al parecer, el algoritmo que establece las calificaciones ha sido revisado nuevamente y ahora le otorga una B al aceite de oliva. Un disparate, como lo califican desde el sector del aceite de oliva, que demuestra que el sistema no es coherente con sus calificaciones. Por ende, científicos y expertos llaman a las autoridades españolas a dejar de lado este etiquetado que confunde a los consumidores y les hace creer que el aceite de oliva está al mismo nivel que otras grasas con menos beneficios para la salud.

Afortunadamente, la adopción de esta etiqueta es de carácter voluntario. Aunque ya es momento de que las autoridades españolas entierren de una vez por todas la idea de adoptar este modelo que no tiene en cuenta las especificidades de la dieta de los españoles. Asegurar que los niños y adolescentes crezcan de una forma sana supone promover estilos de vida saludables basados en una alimentación saludable, acompañada de hábitos de actividad física y sin perder de vista la salud mental y el bienestar emocional. Para lograrlo, se deben reforzar las políticas públicas y promover estilos de vida saludables basados en evidencia científica y no en un sistema cuya supuesta evidencia científica cambia cada vez que el algoritmo recibe una actualización.