La Fiscalía cree que Chaves y Griñán fueron agentes necesarios para el fraude de los ERE

Continúa sigilosamente, sin mucha atención mediática, el juicio por el caso de los ERE de Andalucía y lo último que se ha sabido es que la Fiscalía sostiene y cree que el sistema de reparto de las ayudas en los ERE lo tuvo que aprobar Manuel Chaves cuando éste era el presidente de la Junta. Además, consdiera que su sucesor, José Antonio Griñán, pudo parar el fraude de los ERE pero que no lo hizo.

Es la conclusión que ha expuesto en el juicio el fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, quien cree que las ayudas de los ERE exigía la aprobación del presidente Chaves, al frente de un gobierno que tiene ahora a 21 ex altos cargos procesados. El fiscal considera estos hechos probados. Sin embargo, sólo pide para Chaves penas por un delito de prevaricación. Para Griñán también pedirá un delito de malversación.

El fiscal sostiene que entre 2000 y 2009 se desviaron 680 millones de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis a créditos "inadecuados" y sin fiscalización previa. Considera que Chaves conocía la nueva forma de destinar esos fondos públicos a través de una modificación de procedimiento a cargo de la Junta. Es "difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo", dice el informe del fiscal sobre el consejero Antonio Fernández.

El fiscal dice comprender que Chaves no tenía la obligación de conocer "todos y cada uno de los actos administrativos que realiza su administración", pero que no ese explica que no conociera tantos desvíos de "relevancia y calado". El fiscal también incluye en sus sospechas a la entonces consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ex ministra de Zapatero, porque cree que los cambios de destino de los fondos pasaron por su área de gobierno.