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El Gobierno pretende sustituir a los examinadores de tráfico por militares

El Gobierno pretende sustituir a los examinadores de tráfico por militares

> Según revela la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) tras la reunión con la DGT

viernes 16 de junio de 2017, 07:41h
Terrible resultado para miles de personas de la reunión urgente a la que convocó la Dirección General de Tráfico (DGT) con los examinadores. El Gobierno no cedió en nada a las reivindiaciones de los funcionarios, algunas de ellas históricas, y la huelga sigue convocada para finales de este mes, además del próximo julio. Además, revelan que el Ejecutivo pretende echar mano de militares para cubrir las plazas no cubiertas por los examinadores.

Ayer jueves, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) mantenía esperanzas de que la reunión extraordinaria a la que fueron convocado los representantes del Comité de huelga sirviera para algo y desconvocar los paros. Pero fue mucho peor de lo esperado. No se buscó un acuerdo por parte de la Administración pese a que estaban presentes las más altas instancias de la DGT, el director de Tráfico, el secretario general, el subdirector adjunto de Recursos Humanos y la subdirectora adjunta de Conocimiento Vial.

La DGT no formuló ninguna propuesta que solucionara alguno de los problemas planteados por el colectivo examinador, mucho menos la subida del complemento específico, prometido desde hace 10 años. Para más 'inri', el director general trasladó al Comité que el Gobierno Rajoy había manifestado que "no está por la labor de subir el complemento específico de los examinadores", según Asextra.

Al parecer, la única pequeña propuesta fue crear una escala de examinadores encuadrada dentro del grupo/subgrupo C1, sin que incluya aumento del complemento de destino o del específico, sin concretar tampoco fechas y con el obstáculo de que la creación de esa escala profesional debe ser aprobada por ley según especifica el TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).

Militares como examinadores

Pero la idea más polémica planteada en la reunión fue aquella en la que se anunciaba que la Administración Pública había sido autorizada a negociar con el Ministerio de Defensa la incorporación de "personal de tropa y marinería" al puesto de examinador. Es decir, militares para examinar a civiles como conductores, una imagen más propia de la antigua mili en tiempos de Franco que de una sociedad democrática del siglo XXI.

Además, existe un rumor que circula en el sector sobre que el Gobierno estaría pensando en liberalizarlo y permitir que empresas privadas lleven la gestión de los exámenes de tráfico, suprimiendo la presencia de funcionarios para estas pruebas que dan acceso al permiso de conducir.

Esta idea se asemejaba a la ejecutada hace unos años cuando en Metro de Madrid, el colectivo de maquinistas convocó una huelga total que provocó el caos en la capital, lo que provocó que el Gobierno Zapatero forzara a militares a asegurar el traslado de algunos trenes por parte de maquinistas que no habían participado en los paros y que no podían trabajar por los piquetes. También cuando controladores aéreos militares tomaron el control del Aeropuerto de Barajas cuando en 2010 los controladores civiles pusieron en jaque a la nación.

Habrá huelga

Los examinadores, "en vista de que la propuesta planteada no se corresponde con la demanda solicitada por el colectivo examinador este comité de huelga", ha decidido no desconvocar la huelga durante el mes de junio y julio. Los paros tendrán lugar desde el 19 de junio y todo el mes de julio de lunes a miércoles, en paros que serán secundados voluntariamente por los funcionarios.

Las peticiones de los examinadores pasan por el cobro de un complemento específico acorde con las características del puesto por la elevada complejidad técnica, peligrosidad, penosidad (trabajo a la intemperie) y gran responsabilidad. Además, se reivindican los incumplimientos de los anteriores acuerdos de desconvocatoria de huelga en 2015.

El gran problema, además de la huelga, es la escasa plantilla nacional de examinadores. Pese a que los últimos gobiernos han intentado desde la DGT y la Administración Pública crear nuevas plazas, el obstáculo está en que para aspirar al puesto se debe ser previamente funcionario, no pudiendo aspirar al puesto desde el resto de la población por oposición. Eso conlleva que, voluntariamente, funcionarios de oficinas aspiren a un puesto de examinador, en la calle y con riesgos propios de su trabajo, algo que no les supone ningún aliciente, por lo que nadie aspira a los puestos, claramente insuficientes para todo el país.

Se calcula que unos 140.000 exámenes quedarán sin realizarse, provocándose una grave situación para los aspirantes, que se quedarán sin fecha hasta, seguramente, el mes de septiembre.


- Los examinadores invitan a los aspirantes a presentar quejas en la DGT

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