La Comisión Europea ha publicado este miércoles su informe anual sobre el Estado de derecho en la UE, el 4º desde el inicio de esta legislatura. El documento examina el respeto de los derechos fundamentales y los valores democráticos de la Unión en conjunto y en cada Estado miembro. Revela algunos progresos realizados por Polonia y Hungría en el frente judicial, pero siguen siendo insuficientes. Bélgica es señalada por los insuficientes recursos destinados a la justicia y la lucha contra la corrupción.
De todas formas, tanto la vicepresidenta de comunitaria para el Estado de Derecho, Vera Jourova; como el comisario de justicia de la UE, Didier Reynders; han confirmado que casi el 65% de las recomendaciones sobre el estado de derecho emitidas por la Comisión el año pasado han sido implementadas.
En general, la situación del estado de derecho en Europa está mejorando. "Casi el 65% de las recomendaciones específicas emitidas el año pasado fueron seguidas", dijo Reynders. "El informe se ha convertido en la base para iniciar reformas significativas a nivel nacional".
Y la vicepresidenta, en la misma línea: "Podemos observar una estabilización de la situación del Estado de Derecho en toda la UE, aunque es necesario seguir actuando".
Situación del sistema judicial en España
Respecto al sistema de justicia español, el informe dice que todavía está experimentando algunos cambios importantes y la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plantea serias preocupaciones ya que, en primer lugar, no ha sido renovado a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de designación de sus miembros-jueces.
Según han especificado en el informe, la falta de renovación está teniendo un impacto en la trabajo del Tribunal Supremo y el sistema de justicia en su conjunto, lo que plantea preocupaciones en relación con el número de casos adjudicados y la duración de los procedimientos. Además, han dicho que no se han tomado medidas para fortalecer aún más el estatuto del Fiscal General.
Lo que sí se consiguió fue nombrar a los 2 miembros del Tribunal Constitucional que faltaban, pese a haberlo hecho con cierto retraso. Aunque el régimen de incompatibilidades de los jueces con otras profesiones, como los nombramientos políticos, sigue suscitando preocupaciones. Medidas que se adoptaron para mejorar aún más la calidad de la justicia, incluida la asistencia jurídica gratuita, la digitalización y una proyecto de ley sobre el derecho de defensa.
Durante 2022 se incrementó el número de jueces en España y se han ido abordando otra serie de desafíos relacionados con los recursos del sistema de justicia. La eficiencia de la justicia mejoró en general y se están preparando leyes para mejorarla aún más.
Por ejemplo, se está elaborando una reforma del procedimiento penal que reduzca la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, y un proyecto de ley sobre cabildeo que también está pendiente.
Respecto a la reforma de los delitos relacionados con la corrupción, se introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y se revisó el delito de apropiación indebida, rebajando las sanciones en algunos casos, lo que fue criticado por las partes interesadas. El Gobierno recibió un mandato para adoptar una estrategia anticorrupción, que deberá estar finalizada para el verano de 2024.
La percepción de independencia de la Justicia se reduce en 2023
El nivel de independencia judicial percibida en España sigue siendo bajo entre los público en general y ahora es bajo entre las empresas. En general, el 34% de la población general y el 34% de las empresas perciben el nivel de independencia de los tribunales y jueces como "justo o muy bueno'.
Según los datos del cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2023, se puede comprobar que el nivel de independencia percibido ha disminuido en comparación con 2022 (38%), pero es mayor que en 2016 (30%).
De manera similar, la independencia judicial percibida entre empresas ha disminuido en comparación con 2022 (41%), pero es ligeramente superior a 2016 (33%).
El PP califica el informe como "demoledor" para España
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha destacado que el informe sobre el Estado de Derecho de la UE aclara que el Ejecutivo "no ha hecho nada" en el último año y no ha conseguido renovar el CGPJ, ni reformar el modelo de elección de jueces, ni garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado
Subrayó que hay un señalamiento directo a los presidentes del Congreso y del Senado, por lo que cree que ambos deberían asumir responsabilidades y niega ninguna atribución al PP, como se ha empeñado en decir Sánchez.
Además, ha puesto el acento en la advertencia de que hay ministros del Gobierno que han hecho declaraciones con la intención de "condicionar la independencia judicial".
Por último, destacó que el texto alerta por la rebaja de las penas por malversación, recuerda la lentitud de la Justicia en España y llama la atención por la suspensión de juicios y demandas con la huelga de funcionarios.
"Ya está bien de que en este país los políticos decidan quienes gobiernan a los jueces", indicó y después ha asegurado que "ha llegado la hora de que los jueces se gobiernen a sí mismos", con lo que concluye que este informe da la razón a la intención de Feijóo de cambiar el modelo de elección de los jueces.
"Con este informe queda claro que Sánchez no ha tenido política de Justicia, que es un completo desastre y que la Moncloa está llena de mentirosos", ha resaltado.
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