La reforma del delito de sedición impulsada por los socios en el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ha abierto la puerta este viernes a la presentación de una serie de enmiendas que pueden suponer una importante modificación en el Código Penal, con variaciones que, de ser aprobadas, afectarían a cuestiones como la malversación, el enriquecimiento ilícito de cargos públicos, el modelo de elección del Tribunal Constitucional, el retoque en profundidad del delito de desórdenes públicos o el blindaje a los derechos de los trabajadores.
Estas son las principales novedades de esta reforma exprés del Código Penal en base a las propuestas realizadas este viernes por los grupos parlamentarios y que serán debatidas en las próximas semanas por vía de urgencia.
PSOE y UP quieren castigar el enriquecimiento ilícito
Partido Socialista y Unidas Podemos quieren introducir una nueva figura, la del enriquecimiento ilícito, que castiga con penas de entre 6 meses y 3 años a aquellas autoridades públicas que "en el desempeño de su función o cargo y hasta 5 años después de haber cesado en ellos" hayan obtenido un incremento igual o superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados.
La propuesta, que ambos grupos justifican en base a las recomendaciones internacionales, contempla también un período de entre 2 a 7 años de inhabilitación y multas de hasta el triple del beneficio obtenido.
ERC pide rebajar la pena a la malversación
Como habían avanzado días atrás, ERC ha presentado una enmienda "quirúrgica" para reformar el delito de malversación, que dejaría sin efecto las condenas por este delito a varios condenados por el procés, como Oriol Junqueras, y afectaría igualmente a los huidos por el 1-O (incluido el expresident Carles Puigdemont) y a unos 40 ex altos cargos de la Generalitat con causas pendientes.
El texto registrado en el Congreso de los Diputados propone rebajar la pena de prisión por malversación si no existe "ánimo de lucro". De este modo, ERC plantea penas de entre 2 y 8 años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación para los casos en los que haya enriquecimiento personal o de terceros.
Mientras que deja una horquilla de entre 6 meses y 3 años de prisión y de 1 a 4 de inhabilitación para el cargo público que "sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo".
Por su parte, el PdeCat ha propuesto condenas de 1 a 3 años de cárcel y de 3 a 6 años de inhabilitación si no hay ánimo de lucro, manteniendo las penas actuales (de 2 a 6 años de prisión y de 6 a 10 de inhabilitación) en el caso de que sí lo haya.
PSOE y Unidas Podemos han pedido tiempo para estudiar estas propuestas, aunque han marcado como líneas rojas el que no beneficien a ningún imputado o condenado por corrupción.
Nueva regulación de los desórdenes públicos
Para reformar el delito de sedición en el Código Penal y convertirlo en uno de desórdenes públicos agravados (con una rebaja de 15 a 5 años de pena máxima de prisión), los socios en el Gobierno de coalición han tenido que retocar también el artículo 557 que contempla los delitos contra el orden público.
La nueva propuesta introduce una regulación de los desórdenes para que no se vea criminalizada la protesta pacífica, remarcando que solo se aplicará en el caso de que concurra violencia e intimidación, actuación en grupo y atentado contra la paz pública.
PSOE y UP consideran que la confluencia de estos 3 elementos no solo aporta una mayor precisión al tipo penal, sino que además ayuda a distinguirlo de otros delitos sobre las personas o las cosas, y garantiza los derechos de reunión y libertad de expresión.
ERC también propone suprimir el concepto de "intimidación" de los supuestos en los que se aplica, aunque si esto no es posible propugna rebajar las penas para evitar ingresos en prisión. Quieren despenalizar además la ocupación de locales, establecimientos u oficinas cuando se ejecuten de forma pacífica.
Por su parte, PDeCAT pide eliminar también la intimidación pues considera que "no es asumible que para un acto que se etiqueta como de desórdenes graves no se exija ningún tipo de violencia y pueda fundamentarse solo en la mera intimidación", y rebaja en otra enmienda la condena para quienes sean castigados por alterar gravemente el orden público de uno a cinco años de prisión.
La aprobación de estas enmiendas supondría despenalizar cualquier acción similar a del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, cuando se ocuparon decenas de colegios como lugares de votación del referéndum ilegal de autodeterminación.
Propuesta para desbloquear el Tribunal Constitucional
Otra de las enmiendas va encaminada a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial, que ha cumplido ya 4 años en funciones sin que los PSOE y PP alcancen un acuerdo para su renovación ni cumpla con los nombramientos del TC que le compete.
Los socios de Gobierno plantean, como forma de acabar con el bloqueo, un cambio en el sistema de mayorías del CPGJ para realizar los nombramientos, que actualmente es de 3/5. Si los vocales no lograran el consenso 3 meses después de que finalice el mandato de los magistrados salientes, bastaría con una mayoría simple.
La propuesta introduce incluso la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como ocurre en estos momentos; plantea que si un Poder no cumple con el plazo para renovar el TC (como ocurre ahora con el judicial), se realice la renovación del Poder que sí lo cumple (en este caso el Ejecutivo) sin que sea necesario que los magistrados se renueven por tercios, y suprime la necesidad de que el TC verifique la idoneidad de los jueces propuestos.
Esta enmienda ha provocado una reacción inmediata de los vocales conservadores, que han pedido un pleno urgente para nombrar a los magistrados del Constitucional ante la reforma anunciada por el Gobierno.
Blindaje de los derechos de los trabajadores
Otra de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos plantea introducir penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses a quienes, mediante engaño o abuso, impongan a los trabajadores a su servicio "condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan" sus derechos o a quienes impongan condiciones ilegales a sus trabajadores.
Se incluyen aquí los llamados 'falsos autónomos', que se ha dado en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y servicios a domicilio, para el que el Gobierno pactó una ley con sindicatos y patronal que establecía la presunción de asalariados de sus empleados.
También son de aplicación estas penas a quienes contraten sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la Seguridad Social a un determinado número de trabajadores según el tamaño de la empresa.
Sábados y domingos, inhábiles en los plazos judiciales
En la enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos se incluye la modificación de varias leyes como la de Enjuiciamiento Civil con el objetivo de que los sábados y domingos, los días de fiesta nacional o el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero de cada año judicial sean inhábiles a efectos procesales en aras a la conciliación personal y laboral.
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