El Gobierno ha pedido que "no se hagan juicios paralelos" al del 11-M que ha comenzado esta semana, pero ya ha hecho su propio juicio paralelo con una declaración institucional leída por la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros del viernes en la que al proclamar su fe en el Estado de Derecho afirmaba que en este asunto "las Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado su tarea de forma rápida y eficaz, con una exhaustiva investigación y una eficaz instrucción".
La declaración del Ejecutivo tiene trampa. El Estado de Derecho funciona cuando, en las contadas ocasiones en las que las Fuerzas de Seguridad y/o los jueces de instrucción no son eficaces al hacer sus respectivos trabajos, hace Justicia. Y en lo que llevamos visto tanto sobre la investigación como sobre la instrucción del caso 11-M hay demasiados puntos oscuros y excesivas contradicciones como para que tengamos que ser ahora todos los ciudadanos los que exijamos la necesidad de 'dejar trabajar a la Justicia', que es lo mejor de lo que dice el Gobierno antes de meterse en otros berenjenales.
Para bien o para mal, y de forma inevitable porque estamos en el Siglo XXI, el juicio que se desarrolla en la Casa de Campo de Madrid es retransmitido en directo por televisión y comentado al momento por los periodistas acreditados en la sala o instalados delante de la pantalla en sus redacciones. Cualquier ciudadano con suficiente tiempo libre puede hacer lo mismo. Así que cuando Jamal Zougam, el dueño del locutorio de Lavapiés donde se vendieron los móviles con tarjeta que según la Policía se usaron para hacer explotar los trenes, testifica que él no conocía a los otros supuestos autores de la masacre y los móviles se los vendió su socio en el locutorio, hay miles de ojos, además de los de los tres magistrados que tendrán que imponer sentencia, pendientes de sus gestos y miles de oídos de sus palabras. Y miles de cerebros que hacen cálculos de lo mal que le puede ir a la fiscal en su acusación contra Zougam si no presenta pruebas fehacientes de su implicación en el atentado.
Este es un juicio a la americana. Con el juez enérgico que parece salido de una teleserie, la fiscal poco brillante que podría actuar en otra, los 'malos' en el banquillo saliéndose por la tangente y los abogados que lanzan preguntas envenenadas. Las diferencias procesales de Estados Unidos con España impiden escenas ya tan habituales en nuestras vidas como que los testigos tengan que jurar que van a decir la verdad y toda la verdad o la fiscal interrogue a los acusados mientras se pasea por la sala. Pero en el fondo es lo mismo. Además de un juez (en este caso tres) está el juicio paralelo de los espectadores, que no tendrá validez jurídica, pero que será inevitable. Quien no tiene que inmiscuirse en como se imparte Justicia es precisamente el Gobierno.
Si (
No(
