El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, pidió hoy una investigación "a fondo y con garantías de que se preserve la intimidad de los ciudadanos madrileños" tras conocerse la noticia de que ha sido vendida la empresa informática encargada de la centralización de las historias clínicas de la región (STACKS) a una multinacional francesa, especializada en la venta de datos clínicos después de un proceso de adjudicación supuestamente fraudulento.
En este sentido, Simancas pedirá la comparecencia del Gobierno Regional en la Asamblea de Madrid para que se garantice la privacidad de los datos clínicos de los madrileños y exigir responsabilidades.
Por su parte, el diputado socialista en la Asamblea, Eduardo Sánchez Gatell, consideró que este suceso es de una "extraordinaria gravedad, que demuestra que el Gobierno de Esperanza Aguirre pone los datos médicos de los madrileños en manos de la empresa privada". "Es una vuelta de tuerca más en la línea de la política tendente a privatizar la sanidad pública, y los socialistas no vamos a consentir que los datos sobre nuestras enfermedades se conviertan en mercancías", indicó.
Por este motivo, Sánchez Gatell afirmó que "Esperanza Aguirre debe dar explicaciones de forma inmediata y contundente y no vale con negarlo todo, ya que el propio Gobierno regional por boca del Director General de Informática de la Consejería de Sanidad, Fernando Bezares, reconoce este martes en un medio de comunicación que su departamento ha elaborado un pliego de condiciones a la carta para la empresa adjudicataria que luego fue vendida a la multinacional que comercia con la información", manifestó el diputado.
Asimismo, el socialista indicó que el Gobierno regional "es consciente de este peligro, ya que el propio Bezares reconoce el interés de esta empresa francesa por razones de mercado". "Es intolerable que siendo conscientes de este riesgo para nuestros datos clínicos, la Consejería de Sanidad no haya tomado medida alguna cuando la venta a esta empresa se produjo hace más de mes y medio", concluyó el diputado.
Receta electrónica
También continúa el debate sobre la receta electrónica. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid pidió este martes a la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública que rectifique sus declaraciones ya que, a su juicio, tiene un "perfecto desconocimiento" sobre este tema puesto que la nueva modalidad de receta no supone "un grave riesgo" para la pérdida de confidencialidad de los datos de los pacientes atendidos por el sistema público.
El Colegio subrayó que el farmacéutico "es un profesional sanitario, no es un comerciante" ya que es un titulado superior y experto en el medicamento. En este sentido, explicó que la oficina de farmacia como establecimiento sanitario, forma parte del nivel de atención primaria y, en consecuencia, tanto el médico y farmacéutico "son responsables del bienestar de los ciudadanos, cada uno desde las funciones que ha previsto la legislación sanitaria".
Por otra parte, el Colegio manifestó que la receta electrónica, cuyos proyectos se han iniciado en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, tiene por objeto "mejorar todos los procesos de gestión de la prestación farmacéutica, utilizando para ello las tecnologías como dispositivo de modernidad, agilidad y control del gasto, que respeta las decisiones de los profesionales". De esta manera, el colectivo de farmacéuticos afirmó que existe una mejora en el conocimiento, gestión, planificación y dedicación al paciente por parte de los profesionales.
En este sentido, el Colegio explicó que con la receta electrónica "no trata datos ajenos a los necesarios para que las oficinas de farmacia presenten a la Consejería la facturación de los medicamentos dispensados al ciudadano y que sólo percibe, en el acto de dispensación, el 40 por ciento del precio total del medicamento vendido, en el caso de los trabajadores activos, y en el supuesto de los pensionistas, el farmacéutico percibe un 0 por ciento del importe total del medicamento". "Por tanto, no hay datos de pacientes ni de prescriptores", añadieron.
En consecuencia, el Colegio expresó que desconoce a qué se refiere la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública cuando habla de "pérdida de confidencialidad". "La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública ha imputado a este Colegio, quizá por desconocimiento, una serie de hechos inciertos que espera rectifique, invitándola a conocer, de verdad, la receta electrónica con respecto al papel del farmacéutico y al del Colegio, en defensa precisamente de una Sanidad Pública bien gestionada", concluyó.
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