Los productores agropecuarios y los surtidores de Santa Cruz rechazaron el Decreto Supremo 29788, similar a la Ley 1008, para endurecer la lucha contra el contrabando de combustibles a través de la detención y encarcelamiento de las personas que sean sorprendidas in fraganti cometiendo el delito. La norma dio origen al Plan Puño de Hierro que ejecutan YPFB, la Superintendencia de Hidrocarburos, la Aduana y las Fuerzas Armadas.
La observación principal del agro es que se elimina el cupo de diésel para las labores de campo. Antes del DS se podía acopiar 120 litros, pero ahora está prohibida la venta en bidones o turriles en todas las estaciones de servicio.
Mauricio Roca, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, dijo que hicieron una representación al ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Carlos Romero, porque debe ser el interlocutor con el Gobierno sobre este tema. “Si bien tiene como objetivo el control del contrabando, el decreto es exageradamente restrictivo para el comercio del combustible. Es muy drástico en su interpretación y coloca a los productores en una situación de indefensión. El sector se siente agredido y desprotegido con estos mecanismos dañinos”, explicó.
Al respecto, el ministro Carlos Romero señaló que están revisando las normativas emitidas por el gabinete ministerial para buscar una solución a la demanda del agro.
Jaime Hernández, gerente de Planificación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, indicó que causa sorpresa que se haya emitido una resolución del Ministerio de Defensa Social, que prohíbe a los surtidores vender combustible para consumo doméstico, forma en la que se abastecen los agricultores a través de turriles.
Acerca de los cupos, Hernández indicó que fueron eliminados los 120 litros para los agropecuarios cuando se había solicitado al Gobierno que sean mínimo 600 litros.
Martha Parada, gerente de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz, dijo que no pueden ser controlados por la Policía y Fuerzas Armadas cuando realizan una actividad lícita y están sometidos a la ‘Súper’ de Hidrocarburos, y protestó porque las ventas domésticas ya no están permitidas.
En la puesta en marcha de la norma fueron detenidos 22 vehículos, pero el fiscal adscrito a la Aduana, Luis Enrique Rodríguez, precisó que sólo le remitieron dos de los 15 casos de cisternas que anunció YPFB. Luego de verificar la documentación los choferes fueron liberados. Ayer fueron detenidos dos vehículos, uno con 350 litros y otro con 500 litros de combustible.
Se consultó al presidente de YPFB, Santos Ramírez, cuándo se normalizaría la provisión de combustibles y afirmó que sucederá al conocer la demanda del mercado.
Según datos de la Superintendencia, la demanda de diésel en Santa Cruz, por día, es en promedio de 1.300.000 litros, pero la producción diaria es de apenas 800.000 litros. A tal diferencia se atribuye la escasez, más que al contrabando como afirma el Gobierno.
Despiden empleados por corrupción
El presidente Evo Morales aseguró ayer que ya identificaron a funcionarios corruptos de YPFB dedicados a fomentar la especulación y el contrabando de combustibles en el país. En tanto que en la Superintendencia de Hidrocarburos destituyeron a dos funcionarios del oriente.
Sin embargo, el jefe de Estado no mencionó nombres ni cargos, pero sí les aconsejó que dejen de traficar con los carburantes, porque en el país están subvencionados. Morales dijo que su administración no permitirá que algunos malos funcionarios alienten el contrabando en desmedro de la lucha frontal contra esa actividad ilícita y al proceso de transparencia que busca imponer en su gestión de gobierno.
“Quiero decirles que vamos a combatir el contrabando, vamos a combatir la corrupción, porque ya hemos detectado a algunos funcionarios de Yacimientos, responsables de ciertas operaciones en los departamentos vendiendo combustible a los contrabandistas, que sepan esos funcionarios que el Gobierno los tiene identificados”, advirtió el jefe de Estado.
Por otro lado, en la entidad reguladora, en días pasados, destituyeron al representante de la Superintendencia en Riberalta y al segundo de Cobija, indicó el titular Guillermo Aruquipa, y añadió que la medida fue inmediata.
El presidente de YPFB, Santos Ramírez, no quiso hablar sobre las denuncias de corrupción al interior de la entidad que dirige. /ANF
En la jornada
- En el segundo día de operativos del Plan Puño de Hierro fueron retenidos dos vehículos en Santa Cruz con 350 y 500 litros; y un camión con 50 garrafas de GLP en La Paz.
- Según la red ATB, militares detuvieron 15 camiones cisterna con 525.000 litros de diésel contratados por YPFB. La denuncia fue hecha por la Cámara Boliviana de Transporte.
- La norma dice que si el tráfico de alguno de los cuatro combustibles fuese facilitado por surtidores, la privación de libertad para los involucrados puede ser de 8 a 25 años.
- Los vehículos que se usen para el transporte ilícito de combustibles serán secuestrados y entregados en calidad de depósito gratuito a YPFB, bajo el requerimiento fiscal. La estatal podrá usar estos automóviles.
- Los surtidores son resguardados por dos militares que evitan la venta de combustibles en bidones y turriles las 24 horas.
Las frases
«El decreto anticontrabando de combustibles coloca a los productores agropecuarios en una situación de indefensión»
Mauricio Roca | Pdte. de la CAO
«Estamos revisando las nuevas normativas emitidas por el Poder Ejecutivo para responder a la demanda del agro»
Carlos Romero | Min. Des. Agro.
«Los surtidores no podemos ser controlados por la Policía y las Fuerzas Armadas cuando realizamos una actividad lícita»
Martha Parada | Gte. de Asosur
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