Al hilo de esta posible indefensión, la Fiscalía ha realizado una propuesta para endurecer las penas por agresiones a este colectivo con el fin de que las clases puedan ser simplemente un lugar donde enseñar y aprender.
Cerca de 3.400 profesores se han dirigido durante el recién cerrado 2008 a la asociación Defensor del Profesor -lea íntegro el informe anual pinchando
aquí (pdf) - aquejados de todo tipo de dificultades para ejercer su profesión y todos reflejan una serie de preocupaciones comunes.
Un 24% tiene denuncias de padres
El 40% de los docentes denunciaron problemas para dar clase, un 8% agresiones de alumnos a profesores, un 17% acoso y amenazas de los alumnos y un 5% daños causados a propiedades o pertenencias individuales y un 3% manifiesta recibir presiones para modificar las notas. Pero además, empiezan a aparecer otras barreras relacionadas con las nuevas tecnologías y es que aunque en general está prohibido el uso del teléfono móvil dentro de las aulas, un 6% de los maestros plantea quejas relacionadas con grabaciones, fotos e Internet.
El primer paso para resolver estos conflictos se da en el propio colegio o instituto, pero a continuación se trata el tema con los padres. Una solución que pese a que parezca increíble a veces empeora las cosas. Algunos progenitores en lugar de comprender que los alumnos pueden estar adoptando una actitud violenta o sencillamente inadecuada, se ponen a la defensiva e incluso adoptan roles aún más ‘combativos’. Sólo un 3% de los profesores denunció agresiones de padres o familiares, sin embargo, en cuanto a acoso y amenazas ya se eleva el porcentaje al 15% e incluso el 24% dice tener problemas con denuncias de padres.
Por otro lado, en este último periodo se observa también un repunte de los problemas derivados de la actuación de los equipos directivos de los centros y comienzan a aparecer algunos casos de mobbing. Unos problemas a los que la administración intenta poner freno y que en cambio, un 11% de los docentes dice sentirse poco respaldado.
Soluciones al vandalismo
La indisciplina y falta de respeto de una minoría de alumnos acaba por convertirse en el detonante de medidas ‘pseudopoliciales’ que afectan y repercuten en toda la comunidad educativa. Esto sucedió en el Instituto Abastos de Valencia, cuyo Consejo Escolar instaló cámaras de
videovigilancia hasta en los lavabos como medida coercitiva. Una medida que tuvo que retirarse ante la profunda indignación de padres y alumnos que creyeron que así se vulneraba su derecho a la intimidad.
El Fiscal General del Estado,
Cándido Conde Pumpido, también ha salido en
defensa de los profesores, un colectivo que ha ido perdiendo autoridad y que en ocasiones son el ‘blanco fácil’ de agresiones y conductas violentas. De este modo, se ha elaborado una ‘consulta’ -léala de forma íntegra pinchando
aquí (pdf) - para instar a las distintas Fiscalías a pedir la pena máxima para las agresiones a docentes y funcionarios de la sanidad. Así se entenderá como un atentado contra la autoridad porque dichas conductas están "
dirigidas a menoscabar la actuación" de aquéllos que prestan un servicio relativo
"al interés general".
Este intento por recuperar el control de la disciplina en clase es una de las principales peticiones del Defensor del Profesor que asimismo exige a la Administración una modificación normativa sobre convivencia escolar, un mayor amparo legal a los profesores y una asistencia psicológica a los docentes que han sufrido alguna de las situaciones descritas que han ocasionado lo que podrían llegar a denominarse ‘enfermedades profesionales’.
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