Garzón rechaza la acusación particular del PP en la trama de corrupción

El juez anticipa en el auto en el que rechaza la personación del Partido Popular porque "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".

En un auto de dos páginas hecho público este viernes, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, el juez afirma que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente". En ese caso, la investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados en el Congreso o se relacionaría a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia, respectivamente, si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.

Si alguno de los citados tribunales se ocuparan del caso, se cedería solo la parte de la investigación que afectara a los aforados. El juez continuaría instruyendo el resto de la causa. Para Garzón, la personación del PP en este sumario sería “absolutamente incompatible” por tratarse de una persona jurídica y tampoco podría ser objeto de imputación por el mismo motivo.

Garzón, que dio traslado este jueves al fiscal para que le presentara informe sobre esta cuestión, asegura que con este auto no provoca "ningún perjuicio, al menos jurídicamente hablando" al Partido Popular (PP) sino, en su caso, a "las administraciones o instituciones a las que pertenezcan las personas afectadas, alguna de ellas ya imputada".

El “interés” de Garzón
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió este viernes al juez Baltasar Garzón, que investiga la supuesta trama de corrupción que afecta a personas próximas a su partido, que dé a conocer "cuanto antes" los altos cargos que, según el auto, podrían estar implicados en la trama.

Asimismo, los populares declararon el "interés directo o indirecto" de Garzón en la causa. Así lo aseguró el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, que registró junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, el escrito de personación como acusación particular y el de recusación a Garzón. Trillo dijo que "España entera" sabe que el PP no tiene conocimiento de las actuaciones que se están produciendo y quiere tener acceso a ellas para acabar, reiteró, con "la situación de indefensión". "Nos hemos personado (como acusación) para defendernos y para acusar a quien resulte pertinente", apuntó.

Además,  el Partido Popular presentó este viernes un escrito ante la Fiscalía General del Estado de Cándido Conde Pumpido en el que se denuncia "la indefensión" de su partido ante las filtraciones sucesivas que, a su juicio, se han producido del secreto de sumario en la 'operación Gürtel'. En el mismo escrito, el primer partido de la oposición también se queja del "burdo razonamiento" que, según dice, le ha dado la Fiscalía General del Estado para eludir la persecución de oficio del delito de revelación de secretos. Aseguran que "si las cintas están en el sumario, hay que investigar un delito de quebrantamiento de secreto" y si no lo están, el PP dice que "es falso lo publicado el sábado y el domingo pasado".

Denuncia en el CGPJ
Por otro lado, el Partido Popular entregó este jueves un escrito en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "depurar responsabilidades por la escandalosa conducta"  del magistrado Garzón y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, después de que la prensa publicara este jueves que ambos coincidieron en una cacería en Torres (Jaén).

El Servicio de Inspección Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incoará previsiblemente este viernes o, a más tardar, el lunes, unas diligencias informativas para analizar si el juez de la Audiencia Nacional pudo incurrir en una desatención grave por estos hechos.

Preocupación en el Gobierno
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dice que sobre no tiene nada que decir sobre las relaciones personales del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras conocerse que estuvo el pasado fin de semana cazando con Baltasar Garzón.

La vicepresidenta añadió que la valoración que hace el Gobierno, tras conocer el auto del juez, es de "preocupación" por la gravedad de los hechos que, dijo, debe aclarar el PP y asumir sus responsabilidades. Pero criticó que el PP haya optado por "enrocarse" en lugar de "colabarar con la Justicia", y advirtió que esto o "agarrarse a complots como a un clavo ardiendo" no le exime de su responsabilidad ante la Justicia.

"En ese juzgado se está haciendo una investigación de corrupción principialmesnte vinculada al principal partido de la oposición", añadió al tiempo que precisaba que se trata de una "investigación que se abre porque hay un militante de este partido que presenta una denuncia". El Partido Popular quiere que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explique cómo sabe que la investigación sobre la presunta trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón se abrió por la denuncia de un militante del PP.

Más irregularidades
Además de las denuncias del grupo popular, también son noticia más irregularidades, como la que este viernes se ha conocido sobre el principal acusado en la trama, Francisco Correa, el despacho en el distrito de Salamanca que tiene el imputado, funciona sin licencia de actividad desde hace casi tres años pero la había solicitado en 2006, confirmaron fuentes municipales.

Las mismas fuentes explicaron que técnicos municipales de la Junta Municipal de Salamanca realizaron en marzo de 2006 una inspección "rutinaria" en este local, situado en el número 40 de la calle Serrano. En la inspección, según las fuentes consultadas, se descubrió que este local no tenía la perceptiva licencia de funcionamiento, una situación en la que se encuentran muchos establecimientos de la ciudad y para lo que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón anunció, tras el estadillo del 'caso Guateque, una modificación en la ordenanza en la tramitación de licencias con el fin de agilizarlas.

El Mundo.es publica este viernes que el titular del despacho sin licencia es Pedro Crespo, ex secretario general del PP de Galicia, también imputado en el Gürtel y en prisión por orden del juez Garzón.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas adelantó que su formación reclamará el expediente de solicitud de licencia solicitada en su día por el despacho de Correa para conocer la fecha exacta en la que fue pedida y el número de inspecciones que se han realizando hasta el momento para, "en definitiva, saber si este despacho tiene licencia o no".

En Valencia, “recta actuación”
El Gobierno valenciano insiste también en su "recta actuación" ante la ‘operación Gürtel’ y dice que contempla personarse en el proceso judicial, como lo anunció después la Comunidad de Madrid. Además desde la Generalitat dicen que se dará a los socialistas información para que no haya "sombra de dudas" en relación al expediente que Garzón requirió de la Conselleria de Turime o "cualquier otra circunstancia".

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad de Valencia, Rita Barberá dijo este viernes estar “absolutamente de acuerdo” con las iniciativas llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo del PP y su presidente Mariano Rajoy. Añadió que conforme pasa el tiempo se van conociendo las cosas "con toda claridad" y se está "rebajando ese dramatismo que parecía que aquí en la Comunitat Valenciana todo el monte es orégano".