Carlos Mayor Oreja, ex consejero responsable de Seguridad durante 10 meses en la segunda legislatura de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente regional, aseguró este miércoles ante la 'comisión de los espías' de la Asamblea de Madrid que durante su mandato tampoco se realizaron labores de vigilancia, contravigilancia o avanzada, ya que estas labores las realizaba el Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además, aseguró, "claro que no se hicieron dossieres" como los que han visto la luz en los últimos meses.
La tesis del PP en la comisión es que desde la época de Leguina, que creó la estructura de la actual dirección de Seguridad, se han venido realizando estas tareas, ya que están recogidas en los sucesivos convenios colectivos del personal firmados desde 1985. Exactamente, estos documentos mencionan que el Área de Servicios Generales (C) "comprende el conjunto de actividades relacionadas directamente con la información y recepción de personas y bienes; con la vigilancia de personas, locales fincas y enseres" entre otras. El PSOE advierte que esto no se corresponde con las competencias regionales ni significa espionaje ni contravigilancia -tal y como afirmaron los comparecientes de este miércoles- ni aparece en todos los convenios.
El diputado popular Juan Soler Espiauba recalcó durante la intervención de Mayor Oreja que la vigilancia y la contravigilancia "no es nada malo", aunque el compareciente negó que se hicieran tales actuaciones mientras él formó parte de los gobiernos de Gallardón: "Si lo dice el señor Soler seguro que es cierto, pero yo no lo recuerdo". El popular le respondió que "nosotros creemos que es así".
Mayor Oreja detalló que durante los diez meses que mantuvo responsabilidades de seguridad no amplió el "pequeño" equipo destinado a la misma y que heredó de su antecesor, Jesús Pedroche. Este a su vez lo había heredado de la época de Joaquín Leguina y, a partir del momento en que lo recogió, hizo dos modificaciones: amplió las labores de escolta del presidente al resto de los consejeros y firmó un convenio con el Ministerio del Interior para que Guardias Civiles en segunda actividad vigilasen las sedes del Gobierno regional.
El ex consejero aseguró por tanto que las competencias regionales en Seguridad eran únicamente las que establecía el decreto regulador (vigilancia de edificios y locales, protección civil y bomberos) aunque concedió que, en cualquier caso, pudieron darse otras siempre en virtud del "sentido común" y en colaboración con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de ello, se reafirmó en que nunca recibió dossieres, informes ni trató ningún asunto relevante respecto a este equipo, "y si no lo recuerdo es que no hubo nada destacable".
Reacciones de la oposición
Para PSOE e IU, según destacaron Tomás Gómez e Inés Sabanes,
las declaraciones de Virgilio Cano y Carlos Mayor Oreja desmontan y hacen caer "estrepitosamente" el planteamiento "absurdo y a la defensiva del PP", ya que ambos negaron cualquier ejercicio de vigilancia y contravigilancia que justificarían lo que hoy hace la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. "Francisco Granados debe dimitir ya", demandó la socialista Maru Menéndez.
Según David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, el resultado ha sido justo el contrario, ya que a su juicio ha quedado demostrado que el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha creado ningún servicio de espionaje y que la estructura actual es, según Juan Soler, "prácticamente la misma que hace 20 años".
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