Estamos en tiempos electorales. Para ser más precisos, Madrid lleva más de tres años viviendo una intensa campaña electoral. Una confrontación política en la que se mezclan asuntos regionales relevantes para todos los madrileños con un clima de crispación política a nivel nacional encabezado por un Partido Popular, políticamente cada vez más aislado pero empeñado en la movilización callejera de sus bases en contra de todos y cada uno de los actos del Gobierno de la Nación.
En Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha aprovechado estos tres años para impulsar una decidida política autonómica que nos separa cada día más del conjunto del Estado. Bajo el manto del liberalismo a ultranza ha ido realizando un cambio profundo en el amplio papel que la Constitución ha concedido a las comunidades autónomas. Madrid ha dejado de asumir la responsabilidad de prestar servicios públicos a sus ciudadanos para convertir esos servicios públicos en una fuente de negocio para los intereses privados. El modelo de Madrid se parece cada vez menos al modelo español, y todavía menos al modelo europeo, para tomar como ejemplo permanente el modelo de gobierno vinculado a grandes intereses corporativos y empresariales que rige en los EE.UU. Dicho de otra manera, Esperanza Aguirre tiene cada vez menos que ver con la dama de hierro Margaret Thatcher, a la que admiraba en sus inicios políticos, para parecerse a una Condoleezza Rice castiza, salvadas las distancias.
Una aseveración como ésta merece una explicación. Baste repasar las políticas aplicadas por la presidenta desde que un inexplicado golpe de transfuguismo la condujo a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003. En materia educativa, la educación infantil se ha convertido en un cheque infantil de 100 euros que reciben las familias madrileñas para que, añadiendo otros 200 o 300 euros, lleven a sus hijos a guarderías como "El borreguito azul”, mientras se deja de construir plazas públicas en escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid y 25.000 familias se quedan sin plaza año tras año en una escuela infantil pública. El consejero de Educación se ha convertido en visitador de los alcaldes para pedirles suelo público para que empresas privadas construyan colegios e institutos privados. Las universidades privadas, en tan sólo tres años, han pasado de cinco a ocho y se benefician de todo tipo de estudios, contratos, convenios y ayudas de las más diferentes consejerías del Gobierno regional. Así han visto crecer su alumnado en un 87 por ciento, mientras las universidades públicas han asistido a un descenso del 8 por ciento.
En materia sanitaria, la obsesión por acabar con las listas de espera quirúrgicas ha conducido todos los esfuerzos a reforzar la sanidad privada, obligando a los madrileños a operarse en una clínica privada o ser expulsados de las listas de espera. Mientras las cartillas sanitarias han crecido un 14 por ciento, los centros de atención primaria sólo lo han hecho un 3’3 por ciento y las camas hospitalarias efectivas se han reducido un 2 por ciento. Ahora los madrileños no tenemos que esperar sólo para ser operados, sino para que nos vea un especialista y ser sometidos a una prueba diagnóstica. Incluso para que nos vea el médico de cabecera tenemos que esperar varios días o acudir a las colapsadas urgencias hospitalarias. Los nuevos hospitales se convierten en el negocio de constructoras y empresas asociadas, que construyen y gestionarán los mismos durante treinta años con un coste tres veces y media superior al de los hospitales públicos. Incluso estos mismos hospitales públicos podrán pasar a ser empresas, fundaciones o cualquier otra cosa porque así lo autoriza la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2007.
Nuestros mayores han visto crecer en un 60 por ciento las plazas residenciales privadas, mientras se han congelado las públicas, y decenas de miles de mayores esperan una plaza residencial pública. Telemadrid se ha convertido en un campo de actuación de productoras privadas, que han tomado los despachos al tiempo que se multiplican los contratos a dedo para dotarse de personal que no pueda poner en cuestión la manipulación permanente en los servicios informativos. Las concesiones de nuevas cadenas de televisión digital terrestre favorecen en exclusiva a empresarios y periodistas directamente vinculados al PP, mientras excluyen a televisiones que llevan años funcionando como Canal 33, Localia o Tele K.
Ya no se construye metro público sino que se aprueban concesiones de metro privado por las que las empresas concesionarias cobrarán cuatro veces más por viajero que el metro público. Este sobrecoste en el gasto privado se corresponde con la falta de mantenimiento y material para el metro público. Eso sí, las numerosas averías y algunos accidentes que se producen en líneas como la 6, que soporta 124 millones de viajeros, frente a los 39 millones de Metrosur, son fruto de la conspiración de saboteadores y no de la utilización de trenes de más de 30 años, obsoletos y de difícil mantenimiento. Las carreteras se construyen bajo el sistema de “peaje en sombra” y así nos gastamos más en pagar los poco más de 50 kilómetros de la M-45, M-501 y M-511, que en el mantenimiento de los 2.500 kilómetros de carreteras regionales.
En tan sólo tres años se ha producido un giro en las políticas públicas, que ha permitido que los grandes intereses privados, además de obtener rebajas fiscales importantes, hayan hincado el diente en esa fuente de negocio en la que el Gobierno regional ha convertido los presupuestos regionales. Las grandes empresas, las grandes corporaciones, tienden a ocupar todo el espacio no capitalizado, no mercantilizado, no convertido por el momento en negocio, y los más de 19.000 millones de euros (más de tres billones de las antiguas pesetas) son un bocado tremendamente apetecible que Esperanza Aguirre, en su visión política de largo alcance, está dispuesta a servirles en bandeja, porque la mercantilización de los servicios públicos, su conversión en una oportunidad de negocio, tiene consecuencias políticas inmediatas al romper la frontera entre el interés privado y la política de partido y aunque la consecuencia sea el debilitamiento del interés general y la pérdida de calidad de los servicios públicos.
Madrid estará en la Plaza de Colón, el próximo jueves 22 de marzo, a las 7 de la tarde, para exigir servicios públicos de calidad. Ciudadanos que reivindicamos que la Administración autonómica, que tiene las competencias y la obligación de garantizar nuestra calidad de vida a través de una enseñanza pública, una sanidad pública, unos transportes públicos, una información pública, unos servicios sociales públicos, no haga dejación de sus responsabilidades, nos tome en cuenta en primer y único lugar, vele por nuestro derecho a una vida digna y garantice una cohesión social que es condición imprescindible para un futuro económico y social sólido. No hacemos otra cosa que defender lo mismo que defienden los trabajadores europeos agrupados en torno a la Confederación Europea de Sindicatos, que hemos puesto en marcha una campaña para preservar los servicios públicos del ataque imparable al que se ven sometidos por parte de concepciones ideológicas neoconservadoras e intereses particulares de grandes corporaciones. Porque no queremos una sociedad en la que se imponga la ley del más fuerte. Porque en nuestra vida lo público es importante.
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