La norma también aumenta el tamaño máximo de los inmuebles de protección hasta los 150 metros cuadrados, además de actualizar sus precios, que experimentan un incremento medio del 8,7 por ciento.
Para la elaboración de estas nuevas medidas se ha contado con la participación de los representantes de los promotores públicos y privados, las corporaciones locales, las asociaciones de consumidores y los sindicatos.
Además, fueron aprobadas por la Mesa del VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
La medida del alquiler con opción a compra recoge dos ofertas, la primera de las cuales tiene por destino a jóvenes con ingresos de hasta 15.000 euros anuales, en cuyo caso la superficie de la vivienda varía entre los 50 y 70 metros cuadrados.
Los arrendatarios contarán con una ayuda del 40 por ciento del precio del alquiler durante los primeros dos años y una ayuda del 20 por ciento entre el segundo y séptimo año.
En el séptimo año, el inquilino decide si materializa la opción de compra, en cuyo supuesto, el 50 por ciento de lo abonado en concepto de renta durante estos siete años, incluidas las subvenciones, se contabilizará como dinero ya aportado para la compra de la vivienda.
La segunda opción va destinada a familias con ingresos desde 2,5 hasta 5,5 veces el IPREM, cuyas viviendas tendrán una superficie de 90 metros cuadrados y sus adjudicatarios podrán ejercer una opción de compra en el décimo año.
En el supuesto de que ejerciten esta opción, se considerará ya aportado el 50 por ciento de la renta abonada durante los últimos cinco años.
En cuanto a la ampliación de la superficie máxima de los pisos protegidos (150 metros cuadrados útiles frente a los 120 anteriores), esta iniciativa se dirige a familias en las que convivan personas en situación de dependencia y, por tanto, presenten una mayor necesidad de espacio para atenderlas adecuadamente.
Con el fin de incentivar la oferta de viviendas asequibles, también se establece la posibilidad de que los promotores públicos puedan construir en suelos calificados para equipamientos sociales, alojamientos y viviendas tuteladas en alquiler de hasta 50 metros cuadrados útiles, con servicios colectivos para los inquilinos y sin opción a compra.
Los destinatarios de esta nueva modalidad serán principalmente jóvenes, personas mayores y colectivos sociales con especiales dificultades.
El esfuerzo económico de estos adjudicatarios será del 11 por ciento de la renta durante los dos primeros años, y de algo más del 18 por ciento a partir del tercer año, teniendo en cuenta a las subvenciones a las que pueden acogerse en virtud de sus ingresos económicos.
Precios actualizados
La norma también actualiza los precios de la vivienda protegida con un incremento medio del 8,7 por ciento respecto a los de 2005.
Esta actualización recoge aspectos como el aumento de costes que ocasionará la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, especialmente en el apartado de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, así como la repercusión de los costes de producción que no eran revisados desde 2005.
Los nuevos precios en ningún caso supondrán para los beneficiarios un desembolso superior al 30 por ciento de sus rentas familiares (25 por ciento en el caso del alquiler).
De este modo, las viviendas protegidas de régimen especial en venta (70 m2) tendrán como precios de referencia 1.019, 1.172 y 1.223 euros/m2 para, respectivamente, municipios de menos de 25.000 habitantes, de 25.000 a 100.000 y de más de 100.000, que son los tramos en los que se modulan los municipios andaluces desde el punto de vista demográfico en lo relativo a los precios de las viviendas protegidas.
En el caso del régimen general en venta (90-150 m2), y siguiendo el mismo orden de criterio poblacional, estas cantidades serán 1.164, 1.339 y 1.397 euros/ m2, mientras que para las viviendas protegidas de iniciativa municipal y autonómica (90-150 m2) se fijan como precios de referencia 1.310, 1.674 y 1.747 euros/ m2.
Los cambios se completan con el aumento de las ayudas a las comunidades de propietarios para rehabilitación de elementos comunes de los edificios residenciales que pasan del 50 por ciento al 75 por ciento del presupuesto total de la obra.
Igualmente se ha realizado una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación singular de edificios con ayudas que oscilan entre el 75 y el 95 por ciento del coste de la obra.
El plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas expira el próximo 30 de junio, mientras en la anterior convocatoria se han tramitado ayudas para la instalación de ascensores y reparación de las zonas comunes en edificios con 32.857 viviendas, de los que se han beneficiado 105.142 personas.
Por último se ha creado una nueva línea de incentivos para la rehabilitación de establecimientos comerciales situados en centros históricos o barriadas declaradas de actuación preferente por la Junta.
Estas ayudas, que se suman a las que ya se conceden para reforma de viviendas en las mismas zonas, podrán cubrir hasta el 65 por ciento del presupuesto de obra, con un tope de 50.000 euros.
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