Valle Riestra explicó que la orden es "ambigua" y que deja a criterio de cada país la aplicación de la misma, lo que significa que pende sobre Rosales el riesgo de ser detenido si se desplaza a un país que decide acatar la orden de Interpol.
En ese sentido, el letrado ha desaconsejado a su defendido emprender un viaje a Bruselas y Estrasburgo, adonde Rosales tenía proyectado viajar en los próximos días para agradecer el apoyo expresado por el Parlamento Europeo, que el pasado 7 de mayo se solidarizó con él y con quienes sufren "persecución política" en Venezuela.
El abogado considera que mientras exista esa "ambigüedad" en la orden de la Interpol cualquier agente de policía puede interpretarla a rajatabla y detener a Rosales, por lo que es preferible evitar ese riesgo.
Valle Riestra lleva tres semanas en contacto con Interpol para intentar convencerle de que la persecución judicial a Rosales en Venezuela carece de base y "demostrar que este es un caso político".
Manuel Rosales es acusado de presunto "enriquecimiento ilícito" entre 2002 y 2004, cuando ejercía como gobernador del estado petrolero de Zulia, un caso que el también ex candidato presidencial califica como un "montaje" en el marco de la "persecución política" a la que, según él, es sometido por el Ejecutivo de Chávez.
El Gobierno peruano concedió el asilo a Rosales el pasado 27 de abril alegando consideraciones humanitarias, y al día siguiente el ejecutivo venezolano ordenó el regreso inmediato a Caracas de su embajador en Lima y anunció la "evaluación integral" de sus relaciones con el país andino.
Por otra parte, 60 políticos y personalidades de Perú, entre ellos el ex presidente del país Alejandro Toledo, respaldaron la decisión de su Gobierno de asilar a Rosales y criticaron el "autoritarismo y la intolerancia" en Venezuela, en un comunicado publicado hoy en el semanario Caretas.
"Expresamos nuestra solidaridad (con Rosales) por la persecución desatada en su contra por el actual gobernante de Venezuela, Hugo Chávez Frías", así como con los "millones de venezolanos víctimas del autoritarismo y la intolerancia", dice el comunicado.
"Cuando desde las alturas del poder se difunden paradigmas de abuso y desprecio a quien tiene una opinión discrepante, es preciso que los hombres y mujeres libres de América Latina unan voces y acciones en defensa del hermano pueblo de Venezuela", agrega el documento.
Los firmantes del comunicado son, además del ex presidente Toledo (2001-2006), su ministro del Interior Fernando Rospigliosi, el vicepresidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú, y el ex general Jaime Salinas Sedó, quien intentó derrocar en 1992 al entonces presidente, Alberto Fujimori.
También suscriben el documento, entre otros, el escultor Víctor Delfín, el ex primer ministro Jorge del Castillo, el ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría, Omar Chehade (quien participó en el proceso de extradición de Fujimori desde Chile), el ex senador Alberto Borea y el congresista Javier Valle Riestra.
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