El monitoreo de la radio y la televisión, y de todos los medios de comunicación en su conjunto, es una práctica corriente entre los gobiernos de casi todo el mundo. Es una manera de rectificar políticas, si es que estuvieran erradas, medir su eficacia o su recepción positiva o negativa por parte de la sociedad. Sin embargo, en los regímenes totalitarios o aspirantes a serlo, estos monitoreos pueden utilizarse como instrumentos para justificar alguna forma de represión o intento de sometimiento.
Los ejemplos de esta última conducta sobran en la América Latina, donde hay gobernantes que miran la crítica como una agresión y el disentimiento como parte de alguna conspiración. Por eso llama la atención que precisamente la Secretaría de Transparencia y Gestión de la Presidencia de la República, se ocupe de estos menesteres.
Tal vez esta dependencia lo haga paralelamente a la Secretaría Nacional de Comunicación, lo cual podría significar dos cosas: una suplantación de funciones, desconfianza en cuanto a la calidad de su trabajo o despilfarro de los recursos estatales.
Su labor también puede levantar suspicacias, por cuanto circula el borrador de una Ley de Comunicación que se está “socializando” entre ciertas instituciones, ¡menos los medios de comunicación!
Candorosamente el titular de la Secretaría de Transparencia declaró a la prensa que no están ejerciendo un control, sino “simplemente monitoreando”, “cada uno puede decir lo que le da la gana”, “no estamos pidiendo que cambien su forma de pensar”. Pero añadió: “Todo lo que hago tengo que reportarlo a la Presidencia”. ¿Hace falta alguna explicación? A buen entendedor, las palabras bastan.
Si (
No(
