Según el portavoz de Inmigración del Grupo Popular, Rafael Hernando, la propuesta del Gobierno “se queda corta en muchos aspectos y no se ajusta a las actuales dificultades de la crisis económica”. Por tanto, “es necesario mejorar el Proyecto de Ley en el trámite de enmiendas para conseguir una reforma completa y consensuada, adaptada a la situación actual de nuestro país”.
Entre las deficiencias del Proyecto aprobado por el Gobierno, el PP se refirió a la agrupación familiar, “de la que se hace una tímida reforma, cuando supone ya más del 25 % de las entradas de ciudadanos extranjeros”. “Tan sólo se limita para ascendientes que sean mayores de 65 años, no se acaba con la reagrupación en cadena y el arraigo, que en ocasiones favorece la llegada y permanencia ilegal, se queda como está”, dice Hernando.
Sabido es que España es el principal coladero de la inmigración ilegal en Europa, pero la reforma anunciada por el Gobierno no refuerza los mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal, “permitiendo así que continúe el descontrol y el desorden en los flujos migratorios, al no prohibir regularizaciones masivas como las del 2005”.
“Con esta reforma”, dicen en el PP, “se sigue manteniendo el principio de que los inmigrantes irregulares que resisten y se mantienen en España al final consiguen todos los derechos” y con esto, “sólo se consigue consagrar la entrada y permanencia ilegal en nuestro país como la principal vía de obtención de papeles, para satisfacción de las mafias que trafican con personas”.
Paralelamente, el proyecto sigue con la dualidad de sanciones en el caso de situación de irregularidad en nuestro país, con el inconveniente de que se opta casi siempre antes por la multa que por la expulsión, cuando la vicepresidenta Fernández de la Vega afirmó que se expulsaría a todos los ilegales.
Situación laboral
En cuanto a la situación laboral de los inmigrantes, creen en el PP que la única medida que se establece para frenar la escalada de paro en este colectivo es el procedimiento de retorno voluntario, del que el ministro Corbacho dijo que se beneficiarían un millón de personas, luego que serían 100.000 y a fecha de hoy, sólo se han acogido unos siete mil inmigrantes cuando tenemos más de un millón en el paro, según la EPA.
Además, el Proyecto de Ley permite a algunas Comunidades Autónomas la concesión unilateral de permisos de trabajo, lo que “rompe la unidad de mercado en nuestro país y restringe la movilidad de los trabajadores extranjeros”.
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