Todo por la banca

Los responsables de bancos y cajas y los políticos se han jactado de que el sistema financiero español estaba muy bien preparado para sobrepasar la crisis financiera mundial. Pero los problemas ya están aquí. Las dificultades para encontrar liquidez, el aumento de los activos de riesgo –como los créditos a la promoción inmobiliaria- y la disminución del negocio han deteriorado rápidamente los balances.

Por eso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) llega en un buen momento. Antes de que el contagio sea generalizado, es el momento de aislar y sanear aquellas entidades que cuenten con mayores dificultades.

El decreto ley exige a las entidades que busquen soluciones privadas a sus problemas, como fusiones, y el apoyo de los fondos de garantía de depósitos. Este respaldo debe contar con un plan de reestructuración.

Sólo si estos dos pasos fallan, el banco o caja deberá presentar un plan al Banco de España que incluya la posibilidad de procesos de integración. De esta forma, el supervisor bancario, con este proyecto, gana competencias. Esta es sin duda una buena noticia, porque en el funcionamiento del sistema debe garantizarse la profesionalización y la independencia del poder político y de las presiones empresariales.

El Gobierno dota este fondo con 9.000 millones de euros, que puede alcanzar hasta los 99.000 millones si fuera necesario el endeudamiento. Fuentes del sector cifran en 30.000 millones lo que actualmente necesitan las entidades.

Cuando se habla de estas cifras millonarias, los contribuyentes se preguntan cuánto les costará semejante ayuda. Si esto será un todo por la banca. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha querido destacar que el fondo no tiene costes para el contribuyente ya que la concesión de avales y los préstamos se basa en que las entidades se sanearán devolviendo todas las ayudas. Eso si los bacos y cajas son capaces de hacer frente a sus compromisos. Por eso se debe primar las soluciones privadas, las fusiones y compras antes que la entrada del capital público.

Pero el decreto tiene que resolver unas cuantas dudas de aquí a que se apruebe en el Congreso. La primera de ellas, si las comunidades autónomas mantendrán el derecho de veto en cualquier proceso de fusión de las cajas regionales, incluida la intervención del Banco de España, o será su Gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien tenga la última palabra. De una u otra decisión llegarán los apoyos a la ley: o de los nacionalistas o del PP. En cualquier caso parece que José Luis Rodríguez Zapatero y los barones socialistas apuestan por mantener algún tipo de veto para las autonomías.

Lo que no puede convertirse este fondo es una privatización encubierta de las cajas. España tiene un doble sistema financiero (bancario y de cajas) que ha funcionado perfectamente y que tiene sus motivaciones sociales. Si alguien quiere que la iniciativa privada pueda controlar las cajas, que lo diga abiertamente y con una ley específica, no a través de este fondo. Lo que sin embargo sí es necesario es una mayor profesionalización de los cargos de estas entidades, sin que los cargos electos de los partidos puedan compatibilizar participar en la administración de las cajas, tal como pide el PP.

Sin duda en el camino se deberán resolver algunas incógnitas y sería muy recomendable que el PP se sume al acuerdo, porque de la estabilidad del sistema financiero depende el crecimiento económico y una salida más temprana de la crisis. De este proceso tendrán que salir entidades más profesionalizadas y un sistema más concentrado (lo que supone, seguramente, una pérdida de empleos en el sector, algo de lo que nadie quiere hablar). Lo que no se conseguirá con este proyecto es que, de momento, fluya el crédito a familias y empresas.