Hosteleros recurren la Ordenanza de licencias
miércoles 08 de julio de 2009, 17:00h
La Plataforma de Hostelería y Ocio de Madrid, que reúne a las principales asociaciones del sector, ha recurrido la recientemente aprobada Ordenanza de Tramitación de Licencias de Actividad del Ayuntamiento de Madrid al considerar que "contraviene la normativa de la Unión Europea".
Esta entidad -en la que se encuentran asociaciones como la de Empresarios para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (Aegal), la de Salas de Fiesta y Discotecas de Madrid (Asfydis), los Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO), la de Hostelería de la Comunidad (La Viña) o La Noche en Vivo (LNVE)- han presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la ordenanza.
"Las asociaciones empresariales integrantes en la plataforma no podemos apoyar la nueva ordenanza ya que da la espalda a la Directiva de Servicios Comunitarios 2006/123/CE, la 'Directiva Bolkenstein', que pretende simplificar los procedimientos administrativos", sostienen, un argumento radicalmente enfrentado a la opinión del delegado de Hacienda, Juan Bravo, que en todas sus comparecencias ha manifestado que la ordenanza cumple estrictamente con la filosofía europea.
Los hosteleros consideran que la nueva norma municipal, lejos de simplificar el procedimiento, "complica trámites y plazos mediante la elaboración de un complejo sistema mixto, público y privado, de tramitación y verificación de todos los requisitos que las pymes deben cumplir para tener sus licencias".
Además critican que la ordenanza crea un nuevo sistema de revisión de los locales, pagado por los propios empresarios, lo que "duplicará las revisiones de las licencias que ya realizan los servicios municipales de inspección". En este sentido, afirmaron entre los años 2013 a 2017, las empresas de hostelería con locales en Madrid "deberán costear reformas por valor de 500 millones de euros en un momento de profunda crisis económica".
A esto hay que añadir el coste de 36 millones de euros que han calculado que el sector tendrá que pagar en honorarios a los Organismos de Control Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, además de otros 48 millones en proyectos técnicos de ingenieros y las tasas del Consistorio para adaptar las licencias a las consecuencias de las revisiones realizadas por los organismos de control.