Las declaraciones de la Secretaria General del partido popular María de los Dolores de Cospedal desde la playa, por su inusitada dureza y temeridad en una persona a la que se le supone formación jurídica, sin ninguna rectificación o aclaración en los días siguientes, hacían presumir que su dislate tenía un notable respaldo en los mas altos órganos del partido y que respondía a una maniobra bien calculada. Y así ha resultado con toda claridad cuando la denuncia ha quedado ratificada, pese a que desde el “El Mundo” se editorializa restando verosimilitud al espionaje a determinados miembros destacados del partido popular al tiempo que refrenda la “persecución” al PP con argumentos tan arbitrarios como que en la etapa de Rodríguez Zapatero se han detenido a solo veinte personas vinculadas al PSOE por más de cuarenta de los populares. Si el periódico mentor de los conservadores no tiene más que este indicio y la habitual animosidad contra el partido gobernante -algunas veces bien ganada-, queda claro que nada aporta a un asunto tan trascendental en su doble planteamiento, igualmente grave.
.png)
Quizá porque ya nos habituamos en la legislatura pasada a la utilización espuria del terrorismo o la política exterior como arma partidista, rompiendo con unos usos de larga tradición, ahora, cuando el principal partido de la oposición ha sacado todos los réditos electorales de la grave situación económica y la vacilante política del gobierno, las escandalosas declaraciones de De Cospedal con el refrendo de Arenas, Trillo, Alvarez Cascos, (¿El que dijo que Garzón somos todos?), González Pons y posteriormente de Mariano Rajoy, han abierto un debate que puede traer graves consecuencias.
Ciertamente el presidente del partido popular ha despreciado una especial oportunidad para permanecer callado o para matizar lo que constituye un ataque frontal a las instituciones del Estado, y en esto ha ido más lejos que los Álvarez Cascos, Trillo y el propio Arenas en los años 94-96, ya que dejaron aparte a los jueces en su acusación de la utilización de los medios del Estado democrático por el gobierno socialista para mantenerse en el poder y ocultar los casos de corrupción.
Rajoy ha ido mucho más lejos: ha cuestionado las escuchas telefónicas ordenadas por los jueces para investigar delitos, ha calificado a los fiscales de sometidos al poder político, a los policías de estar al servicio de los socialistas y a las restantes instituciones del Estado implicadas en una campaña inquisitorial contra el PP. En los ámbitos de este partido se ha llegado a hablar de situación dictatorial, Estado policial, métodos goebbelianos. En menos palabras: se ha deslegitimado el Estado de Derecho y sus instituciones negando los principios constitucionales de independencia e imparcialidad. No es extraño que todas las asociaciones de jueces y fiscales y todos los sindicatos policiales hayan rechazado las acusaciones, porque no se trata de una opinión vaga, sino de la acusación de delitos muy graves.
Pero una vez más el Partido Popular se ha lanzado al monte dispuesto a recuperar el poder como sea, aunque el desprestigio hunda a las instituciones democráticas y con base en una fotografía (hay muchas semejantes de imputados socialistas), en una imprudente afirmación de la Vicepresidenta (cualquier jurista sabía que el auto del TSJPV sería recurrido) o las sospechas sobre la aprobación del Estatut por el Tribunal Constitucional sin grandes recortes, o el descrédito sobre determinados acuerdos del Consejo General de Poder Judicial: con todos estos elementos y algunos otros ha montado la nueva maniobra de la conspiración, bien orquestada por los medios afines y rectores.
No sé si este contraataque que pretende camuflar los graves problemas que tiene el partido popular tendrá éxito, especialmente si lo sigue patrocinando Federico Trillo cuya credibilidad y autoridad están por los suelos. Pero un resultado seguro quedará de esta maniobra torpe e irresponsable: un mayor desprestigio de las instituciones democráticas.
Si (
No(
