Pierina Correa niega tener "nada que ver" con un supuesto soborno

En unos vídeos que Chevron presentó la semana pasada para fundamentar su acusaciones de soborno y pedir la nulidad del juicio, se menciona a Pierina Correa, a quien, supuestamente, le tendrían que dar medio millón de dólares.

"No es la primera vez que me levantan algún tipo de calumnias", afirmó la hermana del presidente ecuatoriano, quien apuntó que Chevron "muy libremente se permite jugar con nombres".

En una entrevista con Teleamazonas, Pierina Correa, destacada militante del oficialista Movimiento Alianza País y ex candidata a la Gobernación de la provincia costera de Guayas en las pasadas elecciones, rechazó las menciones que se le hacen en los vídeos presentados.

En su opinión, Chevron puede estar viendo "un veredicto cercano adverso y podría tener que pagar 27.000 millones de dólares, según las informaciones, y pretende desprestigiar" al juez de la causa y "buscar la nulidad del proceso".

"Para nada conozco a las personas que se mencionan en los vídeos", subrayó Pierina Correa, quien negó conocer no solo a quienes en el vídeo hablan de soborno, sino tampoco al juez Juan Núñez ni a los demandantes del Frente de Defensa de la Amazonía.

Tras la difusión de los vídeos, el propio juez Núñez renunció el pasado día 4 a seguir con el caso y presentó la "excusa legítima" para "preservar que la sentencia que se tiene que emitir no sea objeto de ninguna dilatoria adicional ni de deslegitimaciones de la empresa", según el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez.

A Núñez lo relevará en el cargo Nicolás Zambrano, presidente subrogante de la Corte provincial de Justicia de Sucumbíos, en el noroeste de Ecuador, donde se lleva a cabo el proceso.

El fiscal general ha iniciado una indagación previa sobre las denuncias de soborno para que las personas que aparecen en los vídeos, grabados con cámara oculta y sobre los que Chevron sustenta sus acusaciones, acudan a "rendir versiones".

Los demandantes consideran que esos vídeos han sido manipulados por la petrolera, que lo que pretende es "dilatar el proceso", cuya sentencia, en principio, el juez Núñez tenía previsto dictar antes de fin de año.

James Craig, portavoz de la compañía para América Latina, ha reiterado que Chevron luchará por conseguir la nulidad del proceso en que ve corrupción e injerencias del Gobierno, y tratará de evitar el pago de los 27.000 millones de dólares de la demanda, de la que dijo que es "producto de un fraude intenso".

En el juicio se intenta dilucidar si Texaco, comprada por Chebron en el año 2000, es responsable de un daño al medioambiente, que según los demandantes, causó la muerte por cáncer a más de 1.400 personas y el desplazamiento forzoso de pueblos indígenas, mientras operó en Ecuador entre 1972 y 1990.