La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de comunicación audiovisual

Los votos favorables fueron aportados por el Frente para la   Victoria, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Encuentro Popular, la    Concertación, Solidaridad e Igualdad y el Partido Socialista, entre otros.

Una primera lectura del tablero electrónico indicó 146 votos  afirmativos, tres negativos y tres abstenciones, con 104 ausentes, pero las verificaciones posteriores impusieron una ligera corrección de los guarismos finales.

Tras casi catorce horas de debate la ley se aprobó en general a la 1.15 y luego los diputados emplearon dos horas para analizar artículo por artículo, en un trámite en el cual varias de las propuestas de cambios a la redacción fueron aceptadas por el bloque mayoritario.

Estas variantes no implicaron modificaciones de fondo en el texto que llegó ayer al recinto, aunque sirvieron para aclarar la redacción de algunos artículos que se prestaban a interpretaciones disímiles.

El debate, realizado en el marco de una sesión especial, se había iniciado poco antes de las 11.30 del miércoles con un quórum de 130 legisladores, integrado por la presencia mayoritaria de los diputados del bloque del Frente para la Victoria y aliados de centroizquierda, del SI, del Encuentro Popular y Social, del MPN, de la Concertación y del Partido Renovador salteño, entre otros.

Al abrir el debate, el titular de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, dijo que se trataba del proyecto que, "junto a la Ley Federal de Educación, ha llegado al Congreso Nacional con más aire fresco de consenso de distintos sectores", fruto de los foros de debate realizados en todo el país y dijo que buscaba saldar "una vieja deuda" del Congreso con la sociedad.

"Estamos tocando intereses poderosos que se sentían impunes y usaban todo tipo de elementos para impedir que una nueva ley regule los medios so pretexto de afectar la libertad de expresión", aseveró Baladrón.

Tras la exposición del miembro informante, diputados opositores de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica plantearon      cuestiones de privilegio para denunciar supuestas irregularidades en la firma del dictamen y en el desarrollo de la sesión especial que -según aseguraron- "no respeta lo establecido en el reglamento de la Cámara".
 
La titular de la comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giúdici, anticipó el rechazo de su bloque al proyecto y sostuvo que "la libertad de expresión no es negociable. Es la posibilidad y el derecho de buscar, recibir y difundir información como nos parezca".

En esa línea, desde Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso, se mostró en contra del proyecto e insistió en que el Parlamento debe tener "el control de la Autoridad de Aplicación" y dijo que no veía que se establecieran en la norma "los mecanismos para competir con eficiencia contra los medios concentrados".

La Coalición Cívica, a través del diputado Fernando Iglesias, cuestionó "las atribuciones y las competencias abusivas de la ley" y consideró que "es vergonzoso que la Autoridad de Aplicación siga teniendo mayoría oficialista".

Asimismo, desde el PRO, Luis Galvalisi, se mostró en contra de la iniciativa y dijo que "carece de un análisis profundo", al considerar que "el pueblo no conoce lo que implica esta normativa y eso pone en riesgo a la Nación y a la República".

A diferencia de sus aliados de la UCR y de la Coalición Cívica, la titular del bloque de diputados del Partido Socialista, Silvia Augsburger, anticipó que esa bancada iba a respaldar en general la norma, al afirmar que "si se pone en una balanza el    texto vigente, el de la Dictadura con las modificaciones de la     democracia, y éste, la balanza se inclina en favor de este último".

También, la diputada de Libres del Sur que integra el bloque Encuentro Popular y Social, Cecilia Merchán, recordó que esa fuerza trabajó "incansablemente para que este proyecto exista" y destacó las modificaciones logradas en torno de la autoridad de    aplicación para "equilibrar" ese organismo.

Por su parte, el diputado nacional de Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur, Claudio Lozano, anticipó que esa fuerza iba a acompañar en general el proyecto aunque dijo que iba a plantear cambios en la discusión en particular de la norma.

En el cierre del debate, el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, enfatizó que "comprendemos lo que dicen algunos diputados de otros bloques e incluso de nuestra     propia bancada con respecto a los tiempos para tratar la ley; pero había y hay muchas presiones, descalificaciones y amenazas, por eso el tiempo no es un tema inocuo"         

"Por ejemplo las audiencias públicas que realizamos desaparecieron durante varias horas de muchos canales de noticias; y a mayor tiempo que transcurría, la presión que se ejercía y que se ejerce -sobre los legisladores- iba a tener más posibilidades de concretar su fin", remarcó.

Pasadas las 21 del martes, legisladores de la UCR, y la Coalición Cívica ofrecieron una conferencia de prensa para explicar que se retiraban del recinto por no compartir "la metodología de tratamiento de la ley". A esta medida se sumaron el Pro y el PJ disidente.

Puntos salientes del proyecto

El proyecto de ley sobre regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el oficialismo incluye -entre otros- los siguientes puntos:

La caracterización del espectro radioeléctrico como de bien público. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. El Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del estado de derecho, así como los valores de la libertad de expresión.

  - Autoridad de aplicación: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual estará conformada por siete miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Su directorio estará conformado por 1 presidente y 1 director designados por el PEN, 3 directores (correspondientes a la mayoría o primera minoría, a la segunda minoría y a la tercera minoría parlamentaria) y 2 propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información o periodismo de universidades nacionales.

- Creación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual: designados por el PEN, a propuesta de las provincias, entidades que agrupen a prestadores privados de carácter comercial, a prestadores sin fines de lucro, a emisoras de las universidades nacionales, universidades nacionales que tengan facultades o carreras de comunicación, medios públicos, sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación, sociedades gestores de derechos y de los pueblos originarios.

Creación del Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia, dirigido a incrementar la calidad de la programación dirigida a niños y adolescentes.

 - Creación de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.

- Creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Se establecen limitaciones a la concentración de licencias para garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local.

 Se establece un régimen especial para emisoras de baja potencia.

Se crea un Registro Público de Licencias y Autorizaciones, y otro de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias.

Se regulan los contenidos de la programación. En radio, deberán emitir un mínimo de 70 por ciento de producción nacional.
En TV, deberán emitir un mínimo del 60 por ciento de producción nacional, entre otras especificaciones.

Se establece un aumento de la cuota de estreno televisivo de cine nacional en las grandes ciudades y de la redistribución de recursos asignados a la producción de películas nacionales y telefilms.

Se establecen condiciones de protección de la niñez y contenidos dedicados. Para ello, se suprime la franja intermedia entre el horario de protección al menor y el horario para mayores con el fin de establecer una adecuada separación en materia de contenidos.

Incorporación de un principio de transparencia en materia de publicidad oficial al establecer mecanismos de acceso público a la información sobre las pautas publicitarias que reciba el licenciatario de cualquier ámbito público.

Reformulación de la composición de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que estará integrado por 7 miembros: un presidente y un director designado por el PEN, 3 directores según las mayorías parlamentarias y 2 propuestos por el Consejo Federal.

Se establece que las universidades nacionales y los pueblos originarios podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión.