Medios

A continuación, once reflexiones en busca de una ley de servicios de comunicación audiovisual:

1. Es necesario separar, conceptualmente, las regulaciones respecto de los “continentes” de aquéllas correspondientes a los “contenidos” y, dentro de los primeros aquéllos limitados técnicamente como las frecuencias de radio y televisión abierta, de aquéllos que tienen límites “estructurales” como los sistemas de cable.

2. Respecto de los “continentes” tiene sentido limitar la propiedad y evitar monopolios u oligopolios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por la demografía y su distribución, la Argentina no tiene tanto “negocio” para atomizar demasiado la oferta. No es lo mismo Estados Unidos que la Argentina.
Por ejemplo, ATT se dividió en 9 empresas de telecomunicaciones regionales rentables, cada una individualmente. En la Argentina, al menos en el momento en que se privatizó, sólo podían armarse dos unidades económicas rentables, y dividiendo la ciudad de Buenos Aires en dos. Lo mismo sucede con el sistema de aeropuertos. Si se hubiera concesionado cada aeropuerto individualmente, la mayoría seguiría en manos del Estado, por no ser viables económicamente. Se eligió, entonces, en estos casos, un sistema de subsidio cruzados, en dónde unidades rentables financian a las no rentables. Se puede elegir otro sistema, en dónde las unidades no rentables son directamente subsidiadas por el Estado, en cada caso. Pero es una opción más cara para los contribuyentes y seguramente más ineficiente. Por otra parte, los oligopolios no se miden por el porcentaje de mercado que poseen, si no por lo desafiable que puede ser el mercado en que actúan (barreras a la entrada). O su capacidad para imponerle precios u otras condiciones a los consumidores.

3. Dado lo anterior, hay que revisar seriamente y con estudios técnicos, cuánta competencia se puede introducir en el sistema de radiodifusión, en cada localidad y su convivencia con sistemas nacionales (“cadenas”), satelitales y otros medios modernos. Si no se establecen unidades económicamente viables, la ley terminará, finalmente, siendo violada, o tendrá efectos de concentración perversos. Como se hace actualmente, en dónde empresas “alquilan” a otras, o surgen testaferros u otros mecanismos para eludir la legislación.

4. Respecto de la capacidad de los prestadores de otros servicios públicos para brindar televisión por cable, hay que cuidar no reemplazar un tipo de oligopolio por otro. Adicionalmente, se podría “cobrar” ese derecho que no fue “cobrado” oportunamente, en las licitaciones originales, mediante alguna fórmula determinada por las características del mercado en que estas empresas deseen operar.

5. De todas maneras, en este tema, ya existen actualmente problemas de competencia importantes, y difíciles de resolver. Si una compañía de telefonía celular, por ejemplo, ofrece descuentos especiales a las llamadas a la compañía de telefonía fija de su propiedad genera una competencia desleal respecto de otra compañía de telefonía celular que no tiene una empresa de telefonía fija, para ofrecer algo similar. Algo parecido a lo que ocurre en las compañías aéreas con los programas de “viajero frecuente” que crean clientes cautivos. Lo mismo pasa y pasará con los sistemas de “triple play” que implican una barrera para la competencia de cada servicio en forma individual. Terminará siendo una competencia entre grandes empresas, de todas maneras.

6. Respecto de los pequeños sistemas de cable en cada localidad, claramente, de acuerdo al actual proyecto de ley, serán barridos por este tipo de competencia que tiene economías de escala. Otra vez, es el equilibrio entre bajar los costos a los consumidores con competencia entre grandes, o mantener más competencia aún a costa de mayores costos. Igual todo esto es temporario, al ritmo del cambio tecnológico. La ley debería permitir siempre la irrupción de nuevos oferentes con innovaciones técnicas para brindar el servicio a menor precio.

7. Los plazos de las licencias también tienen que contemplar la necesidad de amortizar inversión y de darle cierta estabilidad a los servicios y, obviamente, no puede ser que el Organismo encargado de otorgar o renovar licencias esté dominado por el Poder Ejecutivo o tenga discrecionalidad absoluta en el otorgamiento de estas frecuencias.

8. Suena razonable reservar, en cada caso, un emisor “local” pero, insisto, siempre contemplando la necesidad de unidades económicas rentables.

9. Paso al tema “contenidos”. La regulación de contenidos que propone el proyecto de ley, resulta absurda. Los contenidos responden, básicamente, a los gustos, talentos, preferencias de la gente. Regular contenidos en función de “producción local”; “horas de música nacional”, tal tipo de noticias, etc. carece de sentido. Si el Estado desea promover tal o cual manifestación artística, para eso está el sistema oficial de radiodifusión. El Estado debería reservarse la capacidad de tener radio y televisión abierta y uno o dos canales de cable, justamente, para estos fines. Hemos llegado a tal distorsión conceptual que hoy el Estado transmite fútbol, desplazando programación “cultural” de la televisión oficial y, por una ley, pretende exigirle a la radiodifusión privada que difunda programación “cultural, nacional y popular”. ¿No es ésa la finalidad original de la televisión pública?. Para ello, la radio y televisión pública, como en otros países, debe ser del Estado y no de los gobiernos. Con directorios plurales, participación ciudadana y control del Congreso. Hoy la Argentina, en este aspecto, es el reino del revés.

10. Los contenidos son “monopólicos” por el talento o las características del producto que se ofrece y eso no es “reglamentable”. (¿Qué hacemos le limitamos la tirada a Clarín, o el rating a Tinelli?).

11. Finalmente (si en serio se quiere hacer una nueva ley de radiodifusión y no crear otro multimedios “amigo”, para disputarle el mercado, a un grupo opositor), nada de esto tendrá sentido, dada la torta publicitaria argentina, si cada gobierno utiliza la publicidad oficial para influir en contenidos y controlar periodistas, y empresas periodísticas. No hay libertad de prensa cuando se depende del dinero de la publicidad oficial. Es por ello que quiero hacer una propuesta “revolucionaria”: Que la publicidad oficial sea una carga pública gratuita para todos los medios. Es decir, que se establezca una pauta reglamentada de tantos segundos por día de publicidad oficial, en radio y televisión y que ésta sea gratuita, y exclusivamente para difundir información necesaria para la población y no “publicidad”. Y que lo mismo ocurra con los medios gráficos, con tantos centímetros cedidos al Estado, a cambio, (porque el papel cuesta, y los segundos de aire no), de una desgravación impositiva equivalente a la tarifa oficial vigente a fines del año pasado indexada de alguna manera. Las empresas públicas y bancos estatales, por su parte, tendrán una limitación estatutaria para su presupuesto de publicidad y la distribuirán proporcionalmente a indicadores objetivos de tirada, rating, etc. Para el resto de la “propaganda” oficial está el sistema público de radiodifusión y el boletín oficial. Insisto, con el manejo actual de la publicidad pública el control sobre la prensa, por parte de los gobiernos es muy fuerte. Y los gobiernos no tienen que emitir publicidad, sólo informar a la población de cuestiones importantes para la vida en común.

La intención de las reflexiones anteriores no es defender a tal o cual grupo de prensa. Se trata, simplemente, de introducir algunos conceptos que, a mi modesto juicio, no pueden soslayarse si, realmente, se quiere instrumentar un sistema moderno de radiodifusión. La ilusión oficial de que se puede armar un multimedios “amigo” para mentir. O la ilusión de un multimedios privado de que es lo suficientemente poderoso como para dominar a la opinión pública, es sólo eso, una fantasía.

Ni Pravda pudo evitar la caída de la Unión Soviética, ni Clarín le hizo ganar nunca una elección a sus candidatos “amigos”.