Ya se ha presentado el requerimiento pidiendo explicaciones detalladas
El concejal de Empleo de Santander duda de los criterios de Gorostiaga ante el reparto de las escuelas taller
martes 20 de octubre de 2009, 13:07h
El asunto fue tratado hace unas semanas en el Parlamento pero no ha habido una resolución favorable para el Ayuntamiento de Santander. Hablamos de las escuelas taller y del reparto de recursos que para el próximo año ha hecho el Gobierno regional. Según considera Samuel Ruiz, concejal de Empleo del consistorio santanderino, el reparto ha sido sectario y no ha obedecido a las necesidades reales de los municipios.
Los datos están sobre la mesa: Santander podrá ofrecer el año que viene 31 cursos para 11200 desempleados, es decir, un 8 por ciento del presupuesto total para una ciudad que posee el 32% de parados de toda la región. Y frente a esto, hay ejemplos como Valdeolea, donde podrán destinarse un total de 44 plazas para 66 desempleados.
Y no sólo es la cantidad, sino la calidad, o lo que es lo mismo, si van a ser prácticos o no. Para el concejal es “sorprendente” que se hayan solicitado una serie de talleres de pintor de edificios, o de poli mantenedor de edificios y que no hayan sido concedidos porque en Santander “no hay inserción laboral”. Sin embargo en Camargo se ha concedido ese mismo curso.
"Parece que los criterios que se han aplicado en Santander no han sido los mismos que en otros municipios de Cantabria", afirma Samuel Ruiz. Este taller, en concreto, está íntimamente relacionado con la Ley de dependencia porque en él se forma a personas que podrán hacer pequeños arreglos en el hogar. Es un servicio de ayuda a domicilio que presta el consistorio para personas mayores que tienen un enchufe roto, o un grifo que no gotea…
Así, desde la Consejería de Empleo no se ha dado este taller a Santander y sí se han dado otros que por la situación de crisis tienen peor salida, como albañilería, pintura o carpintería, que se han concedido en Torrelavega y que están ligados a un sector que vive más intensamente las consecuencias de la crisis.
El ayuntamiento de Santander ha pedido cursos que estén ligados con la creación de empleo y destinados a personas sin cualificación, y sin embargo, afirma Ruiz, se han concedido talleres como el de desarrollo de aplicaciones corporativas e informáticas, que por sus características habrá muchas personas que no podrán acceder a él.
Samuel Ruiz no entiende este reparto, que califica de “sectario”. En un comunicado que se emitió tras conocerse los datos facilitados por la consejería, Ruiz calificaba la decisión como “cien por cien política” y se preguntaba por qué los municipios socialistas contaban con más presupuesto, más cantidad de cursos y además con contenidos más aplicables a la hora de reducir el desempleo.
¿Criterios técnicos?
Desde el otro lado, Dolores Gorostiaga dice que se han seguido criterios “técnicos”, pero no ha especificado más. No ha explicado por qué Santander ha recibido menos cursos que en los últimos 20 años. “Lo mínimo que hemos tenido han sido 80, y de ahí hemos pasado a 31”, asegura Ruiz.
Por cuestiones técnicas, no ha sido. Históricamente, aquellos municipios que presentaban proyectos con defectos técnicos eran avisados, primero por el INEM y después por el Gobierno, que es quien asumió competencias con posterioridad. Se hacían reuniones entre el Gobierno y el municipio y se subsanaban estos problemas. Sin embargo, Ruiz asegura que nos se les ha comunicado que hubiera pega alguna. "No se nos ha requerido información complementaria, no se ha puesto nadie en contacto con nosotros para informarnos de alguna traba administrativa… han dado los proyectos por correctos”.
Ante esta situación, el Ayuntamiento envió una carta a la Consejería el pasado 25 de septiembre para conocer los criterios técnicos a los que alude la consejera. Esta carta no tuvo respuesta, por lo que el pasado viernes se presentó un requerimiento previo. No obstante Ruiz asegura que no servirá de mucho, dado que los fondos designados para las escuelas taller ya se han agotado. La vía judicial no es una opción, ya que el Ayuntamiento no quiere judicializar la vida política, por lo que se intentará agotar la vía ordinaria administrativa