Hasta mañana, deberá estar aprobado por la Comisión Legislativa Ocasional el Proyecto de Ley de Comunicación que pasará al pleno de la Asamblea Nacional. En el proceso, se han utilizado triquiñuelas políticas análogas a las de la tan criticada partidocracia, como reconsideraciones con una sorpresiva reinstalación de la comisión aprovechando el voto de la mayoría oficialista; además, se ha acogido una nueva versión presentada por la presidenta de la comisión, sobre la cual se ha procedido a la aprobación apresurada. En menos de una semana, se dará luz verde a 80 artículos cuando en todo el lapso anterior se llegó a aprobar 29.
No obstante, más grave que este procedimiento apresurado discordante con la importancia de la materia de un proyecto que atañe a derechos básicos de la persona humana y esenciales para la construcción de una democracia, es el hecho de que lo aprobado mantiene, con pequeñas variantes, el mismo carácter punitivo del proyecto oficial que presentó el asambleísta Panchana, con serias limitaciones a la libertad de expresión y de prensa y el derecho ciudadano a la comunicación, la libre circulación de ideas y la búsqueda y difusión de información, la posibilidad de indagar y cuestionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar.
Entre otras regulaciones inaceptables, se abren las posibilidades de sanciones administrativas para medios y periodistas, desde amonestaciones y multas hasta suspensión temporal y cancelación definitiva del registro de medios y se crea un organismo burocrático con potestades punitivas, y fácil predominio gubernamental, con tres de siete vocales que representan al presidente de la República, a los ministerios de Educación y de Telecomunicaciones y tres supuestamente de la ciudadanía, elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, en donde, como se conoce, tiene ahora la sartén por el mango el Gobierno, y uno por las escuelas de Comunicación Social.
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