Los representantes del PP, Miguel Ángel Cortés; PNV, Pedro María Azpiazu; ERC, Joan Ridao; IU, Gaspar Llamazares; ICV, Joan Herrera; BNG, Francisco Jorquera, y Nafarroa-Bai, Uxue Barkos, se plantaron y, en rueda de prensa conjunta, confirmaron que no iban a acudir a la Comisión Constitucional del Congreso convocada para la tarde de este martes si el PSOE no ampliaba los plazos parlamentarios para tramitar y negociar el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual.
En tal sentido, remitieron un texto firmado por todos los Grupos al presidente del Congreso, José Bono, en el que se le pedía un aplazamiento hasta el próximo mes de febrero. Todo venía como resultado de que la pasada semana el PSOE impulsara, con el apoyo de CiU y la posterior anuncia de Coalición Canaria, la aceleración de los tramites de dicha ley, celebrando el jueves una reunión de la Ponencia -avisada sólo con dos días de antelación-, y convocando para este martes la Comisión Constitucional con idea de enviar ya el texto al Senado.
El PP y el resto de grupos parlamentarios protestaron por esta decisión y este mismo martes, en rueda de prensa conjunta, han pedido a la Mesa del Congreso que aplace la Comisión Constitucional para el próximo mes de febrero, de modo que las formaciones "puedan analizar con tiempo y con sosiego" las enmiendas de "una ley tan importante como ésta, que configurará el nuevo marco televisivo".
Según el portavoz popular, Miguel Ángel Cortés, "estamos en contra de la aceleración que se nos impone. El Gobierno no puede seguir diciendo que es una ley dialogada y consensuada porque no ha dado tiempo para hacer nada". "Es un hecho insólito esta forma de tramitación de la ley", apuntó Joan Ridao (ERC), quien denunció el "servilismo del Gobierno a determinados grupos de comunicación". Gaspar Llamazares denunció el "apagón parlamentario" que ha impuesto el Gobierno y agregó que esta norma "sólo favorece a las televisiones privadas".
El PSOE optó por aplazar a enero
Ante el plante parlamentario que se le avecinaba, el Grupo socialista optó por aplazar la Comisión, pero no hasta febrero, como habían solicitado los grupos al presidente del Congreso, sino hasta el próximo 7 de enero. Así lo anunció el portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, Óscar López, para quien los socialistas han aplicado un “criterio de flexibilidad en la tramitación” para “compatibilizar las peticiones de los grupos parlamentarios que reclamaban más tiempo para analizar en profundidad las enmiendas".
López defendió que “el sector audiovisual necesita que esta Ley esté en vigor antes de que se produzca el encendido digital, el próximo 3 de abril, ya que vamos a pasar a una nueva era de la televisión, donde van a desaparecer los canales analógicos, va a haber mucha más pluralidad de medios, y es necesario garantizar que todos los competidores puedan jugar en igualdad de condiciones desde el primer momento”.
Lo que no explicó López, sin embargo, es el malestar existente en todos los grupos -especialmente en ERC e IU-ICV, 'socios' del Gobierno en Cataluña- con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que es quien personalmente ha pactado esta ley con UTECA, por un lado, y con Josep Antoni Durán i Lleida, de CiU, por otro, sin atender ninguna petición del resto de grupos parlamentarios, una vez conseguida -con CiU y con CC- la mayoría parlamentaria necesaria, tal y como adelantó hace unos días este diario e-Xclusivo.
En ese sentido, López ha querido destacar, no obstante, el "esfuerzo de consenso realizado", que ha permitido, según él, que en las enmiendas transaccionales ofrecidas por el grupo socialista se recojan más del 41 % de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Un dato con el que no están de acuerdo, por cierto, el resto de los grupos que este martes han hecho el plante.
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