De acuerdo con las cifras del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) se cometen más de 12 millones de delitos en el país y casi el 98% quedan sin castigo; todo gracias a la abrumadora impunidad que impera, propiciada y encubierta desde el poder público a todos niveles y denominaciones; y esto va desde el asalto al más modesto ciudadano en un microbús, los levantones, las violaciones, extorsiones, secuestros y robos en todas sus variantes que se cometen contra los más desprotegidos del país, para subir desde ahí a las altas esferas de los crímenes y delitos que a diario se encubren, gracias a la protección de los estratos más elevados del poder; y así podemos constatar que a cualquier grupo de jóvenes que son masacrados en un centro de diversión, primero se les descalifica y criminaliza, para de ese modo poder blindar de impunidad a quienes cometieron ese delito, y si eso no funciona se buscan una serie de justificaciones y pretextos que generalmente se vienen abajo por su fragilidad e inconsistencia, para llegar finalmente al carpetazo prepotente y a las prácticas dilatorias en las que el gobierno es un verdadero maestro. Lo mismo ocurre con cualquier familia que es violentada en alguna carretera, donde esas víctimas indefensas inmediatamente serán denostadas, y si ese razonamiento mediático no pega, entonces se inicia toda una pirotecnia de justificaciones hasta llegar a la sacrosanta impunidad.
Si dos estudiantes son balaceados saliendo de su universidad, primero serán calificados como narcotraficantes, después se ocultará la información y finalmente aparecerá de nuevo la impunidad rampante. Si una pequeña desaparece, de inmediato comenzará la feria de acusaciones mediáticas, y si el escándalo promovido para cobrarse cuentas entre protegidos se sale del control oficial para convertirse en una verdadera ola de acusaciones y descalificaciones a través del internet y del twitter, entonces se comienza la “operación justificación” para eludir responsabilidades culposas, propiciando peritajes que señalan muerte accidental, pero que evaden la desaparición y reaparición del cuerpo de la menor, detrás de lo cual están las verdaderas responsabilidades de un juego siniestro de fuerza entre mafias políticas o sociales y sus encubrimientos, que finalmente van a dar como fruto lamentable la abrumadora y obvia impunidad.
Una evidencia más de esta protección a la impunidad es el caso de la muerte de decenas de niños por quemaduras y asfixia en una guardería infantil, donde las irresponsabilidades y los delitos culposos se acumulan en número semejante a las maniobras del poder para propiciar la impunidad de los poderosos, llevando el asunto a tal extremo que esto ha llegado a convertirse en un símbolo de los frutos abominables de esta impunidad abrumadora que aplasta a la justicia y al país.
Ante esta realidad aniquilante, el ciudadano más modesto sabe que acudir ante el policía que administra los delitos del lugar en donde él vive, simplemente lo podrá convertir de acusador en acusado y en extorsionado. Ir ante el ministerio público es entrar a la feria más perversa del tráfico de influencias, en donde el mejor postor o el que mejor trafique con su fuerza política o económica será el que gane la subasta por la impunidad; en los juzgados ocurre lo mismo, aunque en menor escala, y así esa cadena infinita de impunidades que está construida con los intereses más negros y negativos de la corrupción y del poder, dan como fruto ese 98% de impunidad que está aplastando la vida pública y a la sociedad de nuestro país.
Para eludir esta realidad, que puede multiplicarse hasta el infinito, los gobiernos día con día presentan proyectos mediáticos efectistas, y sobre todo muy costosos y redituables, para así distraer la atención pública generando esperanzas sobre conductas que no habrán de cambiar, porque exactamente igual de corrupto es un policía municipal que un estatal, federal o celestial, porque en el fondo lo único que el poder quiere y sabe es administrar la impunidad y la corrupción, ya que son las fuerzas más negativas pero más eficientes para sojuzgar y poner de rodillas a una sociedad atemorizada que sabe que no tiene defensa ni lugar donde refugiarse ante la impunidad y la corrupción que el estado propicia para someterla y manipularla.
Mientras esta perversión siga y nosotros lo permitamos nada cambiará, por eso debemos seguir luchando por el verdadero cambio y la rendición de cuentas que tanto elude el poder público.
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Doctor en Derecho
Opinión extraída del Periódico El Universal 9/06/10
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