Portavoces del Ministerio de Justicia explicaron que el refugio fue concedido por el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) en la última reunión que ese organismo celebró a fines de diciembre pasado y dijeron que el juez Tapia Pachi fue notificado la semana pasada, una vez que se cumplieron ciertos trámites burocráticos.
La concesión del estatus de refugiado fue respaldada en forma unánime por los miembros del Conare, que se apoyaron en una ley de 1997 que rige esa materia y que en su primer artículo dice que el pedido debe ser aprobado siempre y cuando exista "un fundado temor de persecución", como se consideró en el caso de Tapia Pachi.
El Conare depende del Ministerio de Justicia y está integrado por representantes del Gobierno, de la Policía Federal, de organismos no gubernamentales, como la organización católica Cáritas, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El juzgado de Pachi, en la región oriental de Santa Cruz, fue responsable del caso de una supuesta banda terrorista que planeaba asesinar al presidente bolivia, Evo Morales, y fue desarticulada en abril de 2009 en ese departamento, hasta que las autoridades determinaron el traslado de la causa a La Paz.
El Juez se opuso al cambio de jurisdicción y fue acusado por la Fiscalía de "prevaricato y desobediencia a procedimientos penales".
Líderes políticos y empresarios de Santa Cruz sostienen que la investigación en La Paz está "dirigida políticamente" e intenta perjudicar a la oposición autonomista, por lo que han reclamado que la jurisdicción se mantenga en esa región, donde fue descubierta la banda.
Las autoridades judiciales de La Paz y el Ejecutivo, por su parte, han denunciado que la Corte cruceña no será imparcial a la hora de juzgar a los líderes de esa región.
Cientos de opositores y críticos del Gobierno de Morales, entre ellos líderes políticos, cívicos y empresariales, huyeron de Bolivia en los últimos cinco años por considerarse víctimas de una "persecución" política.
En Brasil, según datos del Conare, en los últimos años se le ha otorgado estatus de refugiados a 118 bolivianos, todos opositores al Gobierno de Morales, debido a que también, como en el caso de Tapia Pachi, se consideró que había "fundados temores de persecución".
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