Los forestales apoyan la opinión del fiscal de Medio Ambiente

Mediante un comunicado, los sindicatos indicaron que esta normativa autonómica es, tal y como expresó Valerio, "catastrófica" para el medio natural madrileño y añadieron que la prohibición de que los agentes forestales tengan acceso a las fincas privadas puede derivar en un aumento del uso de venenos en los cotos de caza privados.

Según destacaron, el uso de venenos no es sólo un problema ecológico, sino contra la salud pública, puesto que algunos de los tóxicos detectados por los forestales durante las inspecciones de las fincas, pueden resultar "extremadamente peligrosos al contacto con la piel humana", dijeron.

En referencia a las declaraciones de la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, realizadas este lunes, en las que aseguraba que "los datos" reflejarán "la verdad" sobre el problema de los animales envenenados, los sindicatos alegaron que esto será "difícil", puesto que la "crítica" que ellos hacen se centra en la "falta de actuaciones" y por tanto de "datos".

"Los agentes forestales han sido tradicionalmente los primeros en encontrar ejemplares de especies silvestres envenenados", aseguraron, "pero ahora, cualquier actuación ante esta situación les puede acarrear un procedimiento penal por no ajustarse a la mencionada Ley".

También pidieron a Elorriaga que distinga "entre cazadores y delincuentes", porque éstos "existen" y ahora "no encuentran vigilancia alguna" en los montes de carácter privado, que conforman el 75 por ciento del territorio forestal de la región.

Carta a la ONU
Por otra parte, los agentes forestales de la Comunidad de Madrid enviarán una carta a los países que se reunieron en la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, que se celebra en la capital de España, explicándoles "todo lo que el Gobierno regional no contó en la inauguración" de dicho evento sobre los problemas medioambientales de la región.

"La propaganda del Gobierno regional de Madrid en lo que a la lucha contra la desertificación se refiere se limita a la plantación de 15 millones de árboles con el Plan Regional de Repoblaciones 2006-2010, que pretende evitar la desertificación", criticaron los guardabosques.

Sin embargo, critican que el Ejecutivo autonómico no mencionara nada de "la situación de desprotección del medio ambiente en la región" ante la comunidad internacional reunida en la COP 8 de la Convención, situación que pretenden, ahora, remediar.

Así, en su misiva explicarán los detalles de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración y Gobierno, aprobada el 25 de julio, detalles tales como que "impide a los agentes forestales acceder a montes y fincas privados sin orden judicial, impidiendo que puedan llevar a cabo labores de inspección, vigilancia y control en el 75 por ciento del territorio de la región".