La Guardia Civil no se fía del Gobierno

La aprobación final –y su publicación en el BOE- de las leyes orgánicas de Derechos y Deberes y de Régimen Disciplinario no ha traído la paz a la Guardia Civil. Sólo la mayoritaria AUGC –la que supuestamente ha negociado todo con el Gobierno- es la que parece más satisfecha. Además, todo parece indicar que las medidas contra AUGC por la manifestación de guardias civiles del pasado mes de enero quedarán, finalmente, en agua de borrajas.

Pero salvo AUGC y su partenaire Comisiones Obreras (CC.OO), las demás asociaciones no están contentas con la reforma en la Benemérita y son muchas las razones que alegan para afirmar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero promete pero no cumple.

Es el caso de Unión de Guardias Civiles (UnionGC), pero especialmente de la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC). Ambas asociaciones han hecho un estudio pormenorizado de la supuesta ‘reforma socialista’ del Cuerpo. Y, ciertamente, la reforma no sale muy favorecida.

Alegan los guardias que se sigue negando su derecho a la libertad de expresión; que se limita su derecho fundamental de reunión pacifica y sin armas; que se reconocen y legalizan las asociaciones profesionales en el Cuerpo, pero que les limitan -e incluso impiden- que representen a los guardias civiles en materia de derechos laborales, retribuciones, riesgos laborales, etcétera; que pese a existir jurisprudencia constitucional, se les amenaza y castiga si realizan actividades sindicales o similares; que el Régimen Disciplinario aprobado sigue siendo el más duro, cuando tendría que ser similar al del Cuerpo Nacional de Policía o, en su defecto, esta restricción de derechos (vacaciones, jornada laboral, retribuciones, responsabilidad, sacrifico, entrega, abnegación, etc.) tendría que paliarse con un incremento sustancial de retribuciones, pues la Guardia Civil sigue siendo el Cuerpo peor retribuido.

Con respecto al Consejo de la Guardia Civil, que representa a los miembros de la Institución y las distintas corrientes ideológicas, se ha pasado de un vocal cada 4.000 guardias civiles a uno cada 6.000, lo que supone un trato de favor dado por el PSOE a una asociación en concreto, al objeto de intentar potenciarla en detrimento de otras, evitando de esta forma el pluralismo político.

Pero, además, hay especial malestar con la política de condecoraciones y recompensas, como ya adelantó Diariocrítico. Según diversas asociaciones, una vez más el PSOE, al igual que otros Gobiernos con anterioridad, utiliza las condecoraciones y recompensas –de Policía y de Guardia Civil- para premiar a sus amigos y pagar favores o silencios –dicen-, en vez de galardonar y primar a aquellos ciudadanos o guardias civiles que por sus meritos humanos o profesionales  han contribuido a ensalzar la imagen del Cuerpo.

Y, por otra parte, alegan que la política de vacantes de libre designación ha originado una politización del Cuerpo, hasta el punto de que algunos responsables policiales están más pendientes de “servir” al político de turno que al ciudadano. En este punto, exigen un aumento de las partidas presupuestarias en materia de productividad y su reparto objetivo, con el fin de finalizar con las discriminaciones que ocasionan a los guardias destinados en Unidades Operativas.