La caída de una viga y la grúa que la sustentaba a la vía del AVE provocó el 21de febrero la suspensión de la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid-Toledo y Madrid-Sevilla en ambos sentidos. El servicio se restablecía al día siguiente con normalidad, después de más de 24 horas de interrupción, que costaron 756.740 euros.
Alrededor de la 1.15 horas de la madrugada del día 21 cayó en el kilómetro 12,800 del AVE a Sevilla una viga de 140 toneladas y la grúa que la sustentaba, en los trabajos de construcción de un paso superior para la unión de dos carreteras de la Comunidad de Madrid. Estos hechos provocaron cuantiosos daños en la plataforma de las vías y la rotura de la catenaria de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el tramo comprendido entre Puerta de Atocha y Los Gavilanes.
Los sucesos, que no causaron daños personales, obligaron a la suspensión total de la circulación de los trenes de alta velocidad, lo que afectó tanto a los trenes que prestaban servicio en el trayecto Madrid-Sevilla como en la línea Madrid-Toledo, además de a otros trenes de larga y media distancia que utilizan esta infraestructura de ancho internacional.
En el lugar del accidente trabajaron varios equipos de mantenimiento de Adif hasta que se restableció la circulación a las 6.30 del día siguiente. Para paliar los efectos de este incidente, Renfe estableció medios alternativos de transporte que combinan la circulación de trenes por vía convencional, algunos tramos de alta velocidad y el uso de autobuses.
En total, la compañía ferroviaria cifró en 756.740 euros el coste que supuso la interrupción de los distintas servicios que presta por la línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla. De este monto, 700.000 euros corresponden al importe de los billetes que Renfe devolverá a todos los 17.000 viajeros que se estima se vieron afectados por el corte de la línea. Los 56.740 euros restantes el importe asociado a la contratación de 54 autocares para facilitar desplazamientos alternativos a los pasajeros, que solucionó el transporte a cerca de 6.000 viajeros.
El Ministerio de Fomento exigió al Gobierno de la Comunidad que afrontase los gastos, incluido el daño a la infraestructura y el reembolso de los billetes a los pasajeros, que produjo el accidente.
Por su parte, la Consejería de Transportes e Infraestructuras dijo que la cifra de la indemnización por la interrupción accidental del AVE estaba fijada en la cláusula de autorización de obra.
Este contrato, que fue firmado el 17 octubre de 2006 entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento (ADIF), y la empresa Corsán-Corviam, adjudicataria de la construcción del puente por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad, señala, en el punto tercero, que "el titular de la autorización es responsable de los daños que como consecuencia de las obras autorizadas se causen a los elementos de la estructura ferroviaria, debiendo reponerse a su cargo, restituyéndose en las condiciones anteriores de seguridad, funcionalidad y estética".
"Asimismo, es responsable de los posibles perjuicios que puedan derivarse para el ADIF como consecuencia de la ejecución de las obras autorizadas, en las desviaciones de la solicitud presentada o del incumplimiento de las condiciones de ejecución de aquellas obras, haciéndose especial referencia a los costes o perjuicios causados por ADIF por las precauciones a establecer como consecuencia de las obras y a las interrupciones de vía causadas por la misma".
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