Ilegalización exprés

Nada que objetar por principio, claro, a la iniciativa de ilegalizar a una formación que, como Acción Nacionalista Vasca (o el Partido Comunista de las Tierras Vascas), parece un instrumento para burlar la ley. No me parece importante que tal iniciativa se tome en período preelectoral; siempre es período preelectoral, de hecho, y, si no existiesen estos tiempos en política, aún seguiríamos anclados en el derecho de pernada. No en vano las elecciones, y las promesas anejas, constituyen el eje de nuestra  democracia. Así que no me hablen de electoralismo, cuando, en realidad, el sistema funciona gracias a él. A mí, lo que me ocupa y preocupa es, más bien, el oportunismo, cuando se sitúa por encima de la ley. Y, en esta proyectada ilegalización ha habido electoralismo, pero también, temo, algo de oportunismo. Y ello matiza la satisfacción que podamos sentir ante la previsible exclusión de la inminente contienda electoral de quienes parecen ser cachorros de la ilegal Batasuna.

Tienen ustedes que perdonar que no me sume incondicionalmente a los entusiasmos que surgen a diestro y siniestro ante la ilegalización de ANV. Primero, tendré que estar seguro de que ahora las pruebas son irrefutables y de que no nos vamos a encontrar, a medio plazo, con ningún disgusto en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta donde es seguro que llegarán las reclamaciones de los abogados de este grupo, especialistas, como todos saben, en retorcer en su favor los textos legales. Y es que hay motivos para mostrarse algo dubitativos ante una ‘ilegalización-exprés’ que hace apenas tres meses era negada como posibilidad e incluso como algo conveniente para la marcha democrática de nuestro país. Así nos lo dijo el mismísimo presidente del Gobierno central de España, que ahora ha dado un giro, también en esto, de ciento ochenta grados sobre sus opiniones (o, al menos, sobre sus declaraciones) iniciales.

Si entonces, hace apenas doce o catorce semanas, no había razones ni pruebas para la ilegalización, se hace duro de creer que ahora hayan aparecido tales pruebas como por ensalmo; los periódicos las airean, fruto sin duda de oportunas filtraciones, y nadie parece cuestionarse la celeridad con la que los folios de la instrucción se han acumulado sobre la mesa de un juez  que, él también, parecía sustentar opiniones distintas hasta no hace mucho tiempo. Y desde luego que ni se me ocurre sugerir que haya indicios de malas prácticas y, menos aún, de un asomo de prevaricación; digo, simplemente, que las leyes no pueden estar al servicio de la coyuntura o al albur de los tiempos.

Por supuesto, quizá haya que repetirlo, estoy a favor de la ilegalización de quienes vulneren las leyes o incluso de quienes las burlen amparándose en fraudes o triquiñuelas. Y todo indica, es una sensación, que ANV incurre en estos supuestos: gente que desprecia el sistema de democracia que hemos querido la mayor parte de los españoles. Claro que las sensaciones carecen de fuerza jurídica, y hay que fundamentarlas en hechos fehacientes.

Eso, que al parecer –así lo espero— ahora es suficientemente demostrable, sin duda también lo era hace meses. Y las contradicciones en las declaraciones no hacen sino aumentar escepticismos  desconfianzas en una ciudadanía que merece que siempre le digan la verdad, al margen incluso de las conveniencias de la razón de Estado, que muchas veces no es razonable.