El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la propuesta de Ley de Información Clasificada, un texto que establece un límite máximo de 60 años para mantener documentos bajo secreto.
Según fuentes gubernamentales citadas por RTVE, el plazo inicial será de 45 años, prorrogables por otros 15 en casos excepcionales y debidamente justificados.
La norma será enviada al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
La actual ley, de 1968
Este proyecto legislativo busca reemplazar la antigua Ley de Secretos Oficiales, promulgada durante el régimen franquista en 1968.
Una de las principales novedades es la introducción de la desclasificación automática una vez cumplido el plazo establecido.
Además, contempla una excepción clave: la información relacionada con graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser clasificada, asegurando así su transparencia.
Datos sensibles
La nueva ley define 4 niveles de clasificación para la información sensible: "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido". Cada categoría tiene asignado un período específico de protección, que varía según el riesgo asociado a la revelación indebida o el uso inapropiado de los datos. El tiempo máximo permitido para mantener un documento clasificado será de 45 años, aunque podrá ampliarse hasta 60 años en circunstancias extraordinarias y debidamente argumentadas.
Con esta iniciativa, España se alinea con países europeos como Francia, Dinamarca o Suecia, cuyas legislaciones también regulan plazos extensos pero razonables para la desclasificación de documentos sensibles. De hecho, estos países cuentan con marcos legales similares, aunque algunos de ellos establecen períodos aún más largos que los propuestos en esta ocasión por el Ejecutivo español.
Un cambio en el enfoque sancionador
El texto incorpora un "régimen sancionador administrativo" para quienes divulguen información clasificada sin autorización. Las multas oscilarán entre 30.000 y 2,5 millones de euros, dependiendo de la gravedad del caso. Según las fuentes consultadas, esta medida representa un enfoque más equilibrado y proporcional que el sistema anterior, que únicamente preveía penas de prisión para estos supuestos.
Además, el derecho a la libertad de información se incluye como un criterio fundamental para graduar las sanciones. Este enfoque busca garantizar un equilibrio entre la necesidad de proteger datos sensibles y el derecho ciudadano a acceder a ciertos tipos de información pública.
Supervisión de clasificación de datos
Otra de las novedades destacadas del proyecto es la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Este organismo estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y tendrá como objetivo supervisar la correcta aplicación de la ley. Su función será clave para garantizar que los procedimientos de clasificación y desclasificación se ajusten a los principios de transparencia y seguridad exigidos por la normativa.
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