La Liga sigue en su cruzada contra la piratería en el fútbol y las polémicas cartas reclamando dinero a los usuarios han vuelto a acaparar las críticas.
Desde hace años, la organización presidida por Javier Tebas intenta luchar contra la piratería llegando incluso a bloquear determinadas IP para evitar que los usuarios puedan ver partidos de fútbol de manera clandestina.
La cruzada contra la piratería y el consumidor final
Un bloqueo que logró el amparo judicial para solicitar a los proveedores de Internet el bloqueo de determinadas IP que en muchas ocasiones ha afectado a servicios de terceros y dejado a los usuarios sin acceso a otras plataformas que nada tienen que ver con el fútbol.
Además, hace unos meses LaLiga empezó a enviar cartas directamente a los usuarios que, según sus datos, habían visto partidos de fútbol de forma pirata, reclamándoles dinero por daños y con la amenaza de acabar en los tribunales.
De hecho, el propio Tebas ha corroborado la veracidad de los envíos y ha tildado como "robar" el acto de ver fútbol pirata.
Las cartas siguen llegando y los usuarios estallan
Un salto inédito, pues hasta la fecha el organismo ha centrado su lucha en los distribuidores de contenidos, no en el usuario que simplemente los consume. Hasta ahora.
LaLiga ha admitido que ha identificado direcciones IP desde las que los usuarios han accedido a emisiones ilegales. Con estos datos, les está reclamando pagos a través de cartas.
En ellas les advierte de que les denunciarán a los tribunales si no pagan los 450 euros que reclaman.
El asunto ha estallado, pues muchos expertos aseguran que la forma en la que La Liga se ha hecho con esos datos de los usuarios no es legal y además apuntan a que la normativa española en el caso de la piratería es contra los distribuidores, no contra los consumidores finales.
Como era de esperar, en redes sociales el asunto está generando mucha controversia y ya se están movilizando para interponer denuncias contra LaLiga afirma haber identificado direcciones IP desde las que se habría accedido a emisiones ilegales. A partir de esos datos, reclama pagos compensatorios para evitar litigios. La operativa, sin embargo, despierta recelos.
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