El colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, Hetaira, criticó este lunes a través de una nota de prensa la "persecución" de la que son objeto las trabajadoras del sexo por parte del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, desde que llegaron al Ayuntamiento, y pidió que se "reconozcan sus derechos sociales y laborales".
La portavoz de Hetaira, Cristina Garaizábal, calificó los efectos del Plan contra la Esclavitud Sexual aprobado por el Consistorio en 2004 de "devastador" para las prostitutas durante la presentación del libro 'La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas', en la que también estuvo presente Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid.
"Supone un acoso policial permanente, detenciones y deportaciones de prostitutas inmigrantes que no tienen regularizada su situación, persecución arbitraria de prostitutas y clientes con amenazas y humillaciones, crecimiento de pequeñas mafias y chulos en la defensa de un espacio cada vez más reducido y acosado, y enfrentamiento entre las propias trabajadoras del sexo porque cada vez es más difícil trabajar en las calles de esta ciudad", explicó Garaizábal.
A su juicio, éste es el resultado de un plan creado por el Partido Popular "para apuntarse un tanto electoral" en lugar de adoptar de manera "seria y constructiva" soluciones para solventar los conflictos entre el vecindario y las prostitutas.
Así, la representante de Hetaira lamentó que el Ayuntamiento "nunca haya contemplado a las prostitutas como ciudadanas con iguales derechos que el resto, ni haya negociado en pie de igualdad con los vecinos qué hacer con las zonas donde se ejerce la prostitución para buscar sitios donde puedan trabajar en mejores condiciones sin perjudicar a nadie".
Videovigilancia en Montera
Sobre las actuaciones emprendidas en el entorno de la calle Montera, donde hace unos meses se reforzó la vigilancia policial y se instalaron cámaras a pesar de la negativa de las personas vecinas a estas medidas, Garaizábal denunció la "especulación urbanística" que se está produciendo después de que una inmobiliaria haya comprado los locales para abrir restaurantes y lugares con "glamour", contra la opinión de la asociación vecinal del barrio.
Hetaira recordó también la promesa incumplida del Gobierno de aprobar un Plan contra la Trata con fines de explotación sexual que debería haberse aprobado en la actual legislatura, aunque la portavoz del colectivo aseguró no estar de acuerdo con algunos aspectos del borrador del Plan como tampoco con las conclusiones de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados sobre la prostitución, pues considera que la identifican con delincuencia.
Además, Garaizábal recordó que "el Código Penal castiga la prostitución forzada pero no la voluntaria", y que es ésta la primera que se debe perseguir, "en lugar de acosar a los clientes como no estuvieran accediendo a un servicio pactado entre las dos partes".
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