Ultimátum de Industria a GFB-Suyesa

No obstante, el Ejecutivo "trabaja" también en la búsqueda de un socio privado como alternativa. Así lo anunció  el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Industria del Parlamento de Cantabria para explicar sus propuestas para la fábrica de fibroyeso, en la que le acompañaron altos cargos de su departamento y el consejero delegado del Grupo Sodercan, Salvador Blanco.

Del Olmo, que repasó la tramitación del proyecto desde el año 2000, fijó el próximo 6 de mayo --fecha en que se reunirá la Junta General de Accionistas de la empresa-- como fecha "clave" para el futuro del proyecto, ya que en ella se plantearán al socio privado las alternativas: que el socio privado asuma íntegramente el proyecto o buscar un nuevo socio para la puesta en marcha de la fábrica.

Según dijo, la primera alternativa es la "salida" del Gobierno de Cantabria como accionista --posee un 30% de las acciones--, de forma que Euroamérica "asuma" esta parte del proyecto y "siga adelante en solitario". Del Olmo indicó que Sebastián Tena, máximo representante de Euroamérica, ha anunciado públicamente esta intención, algo que el titular de Industria consideró una "espléndida noticia, sobre todo si es verdad, porque cabe la posibilidad de que no" lo sea.

La segunda opción es en realidad una variante de la primera, e implicaría que el socio privado cumpla sus obligaciones y ponga en marcha el proyecto, algo que para Del Olmo es "perfectamente posible" para el próximo mes de julio, "dado lo avanzado del proyecto".

Con esta opción las condiciones y avales del Gobierno quedarían "a salvo de cualquier contingencia", según precisó el consejero, cuya comparecencia fue seguida en la sala de comisiones por el presidente y la secretaria general del PP, Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga, aunque no son miembros de la Comisión de Industria.

'Nuevo socio'

A esas dos soluciones se suma otra posible alternativa, que es la búsqueda de un nuevo socio mayoritario "que se haga cargo" del proyecto, algo en lo que "trabaja" el Gobierno regional, según aseguró el consejero. Y finalmente, una cuarta solución involucraría también a un nuevo socio, que comprara todas las acciones, tanto las de Euroamérica como las del Gobierno de Cantabria. Este socio debería tener experiencia en el sector, afirmó el consejero de Industria.

"Estamos empeñados en llevar a buen puerto este proyecto", defendió Del Olmo, quien consideró que el "impulso y apoyo" a esta inversión es lo que haría "cualquier gobierno responsable".

El consejero, que ya ha solicitado una segunda comparecencia parlamentaria después del 6 de mayo para informar sobre la decisión adoptada en la Junta de Accionistas de GFB, recalcó que exigirán al socio mayoritario la "apertura rápida y en condiciones" de la fábrica, que, según dijo, tiene "asegurado" ya el suministro de agua, y "en cuanto lo solicite" el de electricidad y los permisos de Industria.

"Tropelías e irregularidades"

Por el contrario, la diputada 'popular' María Antonia Cortabitarte criticó al consejero por "perder el tiempo" en su intervención y no explicar las "tropelías" que, a su juicio, se han hecho con GFB. "El Gobierno está bajo sospecha, ha habido muchas irregularidades y un uso irregular y sin control del dinero público", aseveró.

Cortabitarte denunció que, según el Protocolo firmado entre el Gobierno y el socio privado, el Ejecutivo quedaba "sometido a la voluntad" de estos últimos, al llegar a un acuerdo que recogía "compromisos descompensados" para la Administración autonómica, mientras que la otra parte "no cumplió" con los suyos.

'Proyecto'

Del Olmo y Cortabitarte discreparon sobre la cuantía del dinero público recibido por el proyecto, y también sobre los informes de viabilidad contrarios a su puesta en marcha que denunciaba el PP. Del Olmo precisó que el informe de Cantabria Capital --que exhibió en la comisión--, se limitaba a rechazar la participación de esta entidad en la fábrica, pero no cuestionaba el proyecto.

En cuanto a las cifras, Del Olmo acusó a Cortabitarte de calcular al alta las inversiones públicas al incluir en su cifra de 40 millones de euros gastos de la urbanización del PSIR, el abastecimiento de agua y la construcción de los accesos.

En cambio, el titular de Industria concretó que GFB ha recibido un total de 30,9 millones de euros, de los que 5,8 son a fondo perdido (procedentes del Gobierno, Sodercan y el Estado), otros 15,7 se corresponden con el desembolso de capital, préstamo y ampliaciones, y el resto son avales de entidades bancarias. No obstante, defendió que todas las cantidades son recuperables.

En su intervención, Del Olmo contrapuso esta inversión con la del inicio del proyecto, bajo el Gobierno presidido por el 'popular' José Joaquín Martínez Sieso, que decidió conceder 15 millones de euros "a fondo perdido".

El consejero expuso que el nuevo Gobierno PSOE-PRC, al abordar el proyecto, se encontró con "reticencias" por el socio privado, y un nuevo informe de KPMG elevó las necesidades financieras, hasta el punto de que en julio de 2007 el socio anunció su retirada del mismo, lo que provocó una "erosión de la confianza de Sodercan".

"Desprestigio y ridículo'

Frente a esto, Cortabitarte sostuvo que Del Olmo carece de "credibilidad" en este proyecto, y responsabilizó al Gobierno "de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir con Suyesa", al haber "llevado a la Comunidad Autónoma al desprestigio y el ridículo" de tener un Gobierno "que no es capaz de cumplir sus compromisos ni hacerlos cumplir" a otros. También le hizo responsable de un "escándalo político de primer orden en Cantabria".

Además, recordó que el Consejo de Administración de GFB cuenta con la presencia de dos miembros del Gobierno regional --los consejeros de Industria y Economía, respectivamente--. En este sentido, opinó que las explicaciones dadas por Del Olmo suponen una acusación al titular de Economía, Ángel Agudo, ya que "participó en las decisiones y no expresó discrepancias" sobre ellas.

Por su parte, el portavoz socialista Martín Berriolope aseveró que el Grupo Popular "se ha convertido en el mayor riesgo que tiene la región para que se instale una empresa", ya que las "informaciones negativas y catastrofistas ahuyentan a inversores y potenciales clientes".

Mientras, el regionalista Rafael Pérez Tezanos criticó la "poca o nula visión" del PP ante este problema, y sugirió que "si la oposición utiliza este proyecto es porque quiere esconder algo de él, y a lo mejor sería un buen ejercicio democrático saber qué".