La Comunidad de Madrid ha exigido este viernes que se faciliten los trámites para empadronarse a los extranjeros comunitarios, ya que ahora necesitan inscribirse previamente en el Registro de Extranjeros, lo cual dificulta los trámites de empadronamiento.
El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró este viernes tras reunirse con 12 asociaciones de búlgaros y rumanos de la Comunidad que "el problema surgió cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) emitió una instrucción el pasado 27 de noviembre en la que se establecía que era obligatorio exigir el certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros a los extranjeros comunitarios que quisieran empadronarse".
En este sentido, Fernández-Lasquetty señaló que la nueva medida establecida por el Gobierno central es un obstáculo porque "si un inmigrante llama ahora a pedir cita al Registro de Extranjeros, no se la darán antes de mediado de octubre, por lo que no se podría empadronar hasta entonces".
Según el responsable de Inmigración, con esta nueva instrucción se vulneran los derechos de los ciudadanos comunitarios, discriminándolos respecto al resto de ciudadanos extranjeros y solo ha servido para "ocultar el fracaso de la moratoria impuesta por el Gobierno central a rumanos y búlgaros que impide trabajar por cuenta ajena durante dos años a estos ciudadanos, que no ha frenado la llegada de nacionales de estos países".
En la región, residen 340.000 ciudadanos inmigrantes de países de la Unión Europea. Del total, más del 57 por ciento son de Rumanía (195.676) y de Bulgaria (31.720). Por eso, los más afectados serían los nacionales de Bulgaria y Rumanía, al ser las nacionalidades de inmigrantes mayoritarias.
"Para la Comunidad de Madrid y para los Ayuntamientos es muy importante que el padrón sea un reflejo fiel de cuántas personas españolas o extranjeras viven en un municipio para adecuar las políticas públicas a la realidad e poder atender de manera efectiva a los ciudadanos extranjeros", señaló el consejero.
Como reveló Fernández-Lasquetty, el 10 de abril, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) colgó en su página web una nota que informaba de que se suspendía la instrucción del 27 de noviembre, pero sin especificar por cuánto tiempo. Por ello, el Gobierno regional ha presentado una reclamación ante la directora del INE por el cauce jurídico en la que se solicita que "se aclare si se suspende temporal o permanentemente el requisito del Registro de Extranjeros, y si finalmente es sólo es temporal la suspensión, que se anule la instrucción porque es discriminatoria".
La reclamación cuenta con el apoyo de la Federación de Municipios de Madrid. En este sentido, su presidente y también alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, quien estuvo presente en la reunión con las asociaciones y quien señaló que "con esta medida, los Ayuntamientos no sabemos el número de vecinos, lo que dificulta el dar un servicio bueno a los extranjeros, como la asistencia sanitaria o educativa".
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