¿Paro o chantaje?

En cualquier país existe una serie de servicios que si se alteran producen inconvenientes en los ciudadanos y, por lo tanto, los Gobiernos correspondientes no se atreven a adoptar las medidas que el sentido común recomienda.

La alteración de esos servicios puede ser debido a una mala planificación o gestión, pero en algunos casos los servicios existen y funcionan bien hasta que un colectivo, con mayor o menor representatividad, decide convocar un paro o una huelga y, por lo tanto, suspender la prestación de esos servicios.

Cuantos más ciudadanos se ven perjudicados por las consecuencias de esos paros o huelgas, más posibilidades tendrán aquellos que las originan de conseguir sus reivindicaciones.

Por ejemplo, los funcionarios de los juzgados tardaron varias semanas en conseguir generar un estado de irritación por parte de los ciudadanos porque la repercusión de su paro era más bien reducida y hasta que no consiguieron que el número de afectados fuera importante, el Gobierno no se vio obligado a admitir sus reivindicaciones.

En el caso de los transportistas que en la actualidad estamos sufriendo, lo primero que hay que recordar es que, aunque parezca increíble, solamente el 20% del colectivo de transportistas es el que secunda el paro, o lo que es lo mismo, hay un 80% de transportistas que estarían dispuestos a realizar su trabajo con normalidad, pero que les resulta imposible, debido al trabajo que los llamados piquetes informativos están realizando, pues de otra forma
posiblemente crearían algún problema, pero la situación no llegaría al punto al que se está llegando.

Cuando un problema no se sabe a qué es debido, puede entenderse que no se encuentre una solución, pero cuando se conoce con exactitud el origen y motivación del mismo, la no resolución sólo puede ser fruto, o bien de la incompetencia, o bien por la existencia de otros intereses más prioritarios.

Con el actual problema de los transportistas no puedo descartar la primera posibilidad, es decir, la incompetencia del Gobierno para resolver el problema, pero desde luego, estoy seguro que si no hubiera otros intereses políticamente más rentables, el problema se habría resuelto.

El continuo incremento del precio del petróleo ha alterado de manera sustancial el desarrollo normal del trabajo de los transportistas y, ante un problema de esa gravedad, es imprescindible encontrar una solución.

Los tiempos de bonanza han permitido que España sea el país europeo con mayor número de camiones por habitante, y precisamente debiera haber sido en esos momentos cuando el Gobierno y el sector deberían haberse aplicado al máximo para tratar de normalizar y ordenar ese servicio y no esperarse a que el petróleo esté a 130 dólares el barril, momento en el cual lo único que se consigue es que las partes se acusen unas a otras de no querer resolver el problema.

España hace mucho tiempo que sabe que el futuro del transporte de mercancías no es la carretera, pero sin embargo no se ha hecho nada para conseguir potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril y, además, seguiremos siendo hasta 2012 el país de la UE con menor coste de los combustibles, gracias a que nuestro impuesto sobre el mismo es un 10% más económico que el mínimo que admite la UE.

Los transportistas tienen todo el derecho del mundo a realizar una huelga como última medida para tratar de conseguir determinadas reivindicaciones, pero el resto de los ciudadanos tenemos todo el derecho a poder ejercitar libremente nuestra opción a trabajar sin vernos coaccionados por determinados grupos que no renuncian a ejercer la violencia en el caso de que alguien de manera correcta y dialogante se niegue a hacer lo que los piquetes le exige.

Los taxistas y otros colectivos anuncian que en breve también se van a sumar al paro, lo cual demuestra que lo que está pasando es la punta del iceberg. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que el ciclo del gasto descontrolado de los recursos energéticos, y especialmente de los petrolíferos, ha finalizado y que tenemos que empezar a pensar en otra forma de vida que permita mantener e incrementar nuestro nivel y calidad de vida con un menor consumo energético y la utilización de fuentes alternativas al petróleo.