Según explicó López Fernández, la deuda existente se remonta a 2002, fecha en la que comenzó por los servicios prestados por el Gómez Ulla, y que asciende a un total de 7.618.000 euros hasta octubre de 2004 cuando se firmó el citado acuerdo todavía vigente. A esto hay que añadir 3.131.000 euros más que la Comunidad adeuda a Defensa a fecha de 2007 y desde la entrada en vigor de un convenio que, desde su inicio, se ha ido cumpliendo "poco a poco, y de forma irregular".
En dicho acuerdo se contemplaban sólo derivaciones de pacientes desde los hospitales Clínico San Carlos y Doce de Octubre sin tener en cuenta las atenciones de urgencias, que a pesar de ello se han realizado igualmente a más de 16.000 ciudadanos por un valor de 1,8 millones de euros.
Según López, éstas atenciones son "gratuitas y las da por perdidas", ya que no pueden ser reclamadas por no contemplarse en ningún acuerdo, si bien confirmó que ya se ha realizado una reclamación formal por los más de 7 millones anteriores a 2004. En cuanto a la deuda del convenio actual -de más de 3 millones-no podrá ser reclamada "hasta que no se cierre el acuerdo y se haga una valoración final", confirmó.
Ante esta situación, la subsecretaria de Defensa insistió en su voluntad para que el Gómez Ulla se pueda considerar como "un hospital más de Madrid", recordando que para ello se debe clarificar su inclusión en el mapa sanitario de la Comunidad de Madrid y concretar la adscripción de pacientes para su atención integral. De este modo, afirmó López, los ciudadanos podrán recibir asistencia "por cualquier circunstancia, tanto para urgencias como atención integral".
Sorpresa del Gobierno regional
La Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, manifestó en cambio su "sorpresa" por el "incomprensible cambio de actitud" del Ministerio de Defensa de cara a la negociación de un nuevo acuerdo para aumentar el uso civil del hospital militar Gómez Ulla. Además, consideró que "no es riguroso" que el departamento ministerial "plantee ahora también cuestiones relativas a posibles deudas históricas, algo que tampoco se había cuestionado ni planteado hasta el momento".
La Consejería madrileña también consideró "llamativo" que Defensa defienda "ahora" la incorporación del hospital militar al mapa sanitario de la Comunidad de Madrid, pues "hasta ahora en ningún convenio mantenido con las comunidades autónomas por parte de este departamento se había obligado a adscribir a una población como está ocurriendo ahora con Madrid", reprochó el departamento autonómico.
Negociación abierta
La negociación entre Defensa y la Comunidad de Madrid para aumentar el uso civil del hospital militar Gómez Ulla, que ya daba por cerrado el Gobierno regional, parece haberse reactivado con esta petición del Ministerio que no parece ser "del todo aceptada" por la Consejería de Sanidad y Consumo. Según el texto del borrador del acuerdo, prevé que el Gobierno regional desembolse 30,5 millones de euros, presupuesto que se ejecutaría a partes iguales entre los años 2007 y 2008.
Según la Consejería de Sanidad y Consumo, el texto de este nuevo convenio de colaboración es definitivo y había sido cerrado por ambas partes. De hecho, ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y el titular de dicho departamento, Manuel Lamela, ha remitido cartas a domicilio informando de que el convenio de colaboración se va a "suscribir en próximas fechas" así como de la inversión que el mismo supondrá para la Comunidad de Madrid.
"El convenio establece que más de 90.000 vecinos de los distrito de Carabanchel y Latina, entre los que se encuentra usted, tendrán la posibilidad de usar los servicios de urgencias del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla como centro de referencia para recibir este tipo de asistencia sanitaria", reza la misiva firmada por el consejero de Sanidad y Consumo.
Sin embargo, el pasado 9 de enero la subsecretaria de Defensa, Soledad López Fernández, remitió una carta a Lamela en el que solicitaba completar el acuerdo con dos "cuestiones esenciales: la inclusión del Gómez Ulla en el mapa sanitario de la Comunidad de Madrid y concretar la adscripción de pacientes para su atención integral, tanto para definir el momento en que será efectivo así como la población que se verá asistida por el hospital".
En su misiva de respuesta a la subsecretaria de Defensa, fechada el 16 de enero, el consejero de Sanidad y Consumo muestra su "sorpresa" por las dos nuevas condiciones planteadas, máxime cuando el Ministerio no hizo alegaciones a la nueva zonificación sanitaria de la Comunidad de Madrid durante los tres meses que estuvo en periodo de información pública.
Mientras, Defensa alega que la comunidad autónoma "no ha contestado" a sus peticiones, pero se muestra "abierto a mantener cuantas reuniones sean necesarias para cerrar el convenio", ya que tiene "la voluntad absoluta de beneficiar y dotar de asistencia a los ciudadanos madrileños y, en especial, a los de los barrios de Aluche y Vistalegre", dijo a Europa Press un portavoz del Ministerio. El hospital militar Gómez Ulla tiene en funcionamiento 500 camas de las que entre 100 y 110 que están puestas a disposición de pacientes derivados de la sanidad pública madrileña.
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