¿Qué publican los diarios panameños?

El diario La Prensa publicó: “‘La Prensa no adultera ni falsea documentos’”, refiriéndose a que el presidente de La Prensa, Fernando Berguido, fue categórico. Ayer dijo que este diario “no adultera ni falsea documentos”. Fue en respuesta a la imputación del gobierno de Martín Torrijos, que acusó a este diario de modificar el informe sobre los riesgos de transportar personas importantes en el helicóptero SAN-100, que presentó el piloto Alexis Camarena el 8 de febrero de 2007.   Además titula “Educación, estancada hace 11 años” y se refiere a que Pedro Ravela, consultor de la UNESCO a quien en 1997 le entregaron en Panamá el plan decenal para mejorar la calidad de la educación, señaló ayer que las dificultades para alcanzar la excelencia educativa en el país son las mismas de hace 11 años.   También dice “MP pide llamar a juicio a Solís” y habla sobre que el Ministerio Público pidió a la Corte Suprema llamar a juicio al ex director de Farmacia y Droga de la Caja de Seguro Social, Pablo Solís, por el caso del envenenamiento masivo con dietilene glycol.

El diario La Estrella de Panamá publicó: “3, 2,1,… ¡acción¡…”, refiriéndose a que el propietario del grupo Editorial El Siglo y La Estrella, Abdul Waked encendió la nueva rotativa para la primera impresión del nuevo diseño de La Estrella. La inversión en el proyecto alcanza los seis millones de dólares e incluye además de la máquina de impresión marca Goss, modelo Comunity de siete torres a todo color, un sistema editorial nuevo.   Además titula “180 minutos con ‘Catín’” y se refiere a que nuestro país lidera el crecimiento económico de la región centroamericana con un 8% anual, pero Ricaurte “Catín” Vásquez, ex ministro de Economía y Finanzas advierte que debemos cuidar el futuro a mediano plazo porque la bonanza durará “unos seis años más”.   También dice “Reformas vuelven al tapete” y habla sobre que un npaquete de reformas que involucra por lo menos tres aspectos, empieza a acercarse a la Asamblea: la reducción del período de veda presidencial a cinco años (actualmente son 10 años), la creación de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia para atender asuntos constitucionales y la reducción de la mitad de los períodos de los procuradores de la Nación y de la Administración, dejándolos en cinco años.