La fiscalía anticorrupción ha tomado las riendas de la investigación abierta contra la Junta de Andalucía por la supuesta adjudicación a dedo de más de 240 millones de euros en contratos sanitarios a clínicas privadas entre 2021 y 2023.
Anticorrupción da su confirmación a esta investigación, que comenzó después de una denuncia del PSOE de Andalucía. Según lo ha destapado 'eldiario.es', el periódico digital que dice en su investigación que los contratos se trocearon y se adjudicaron acogiéndose al procedimiento de emergencia activado por el gobierno central por la pandemia. Sin embargo, los contratos se habrían dado cuando este decreto de emergencia ya se encontraba derogado.
A inicios de octubre un juzgado de Sevilla admitió a trámite la denuncia del PSOE por supuesta malversación y prevaricación. Ya en esa ocasión el Gobierno andaluz, encabezado por el 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla, negó que hubiera ninguna ilegalidad. Este miércoles, después de conocerse que Anticorrupción asume el caso, Moreno Bonilla no ha querido hacer comentarios al respecto.
La denuncia (presentada el pasado mes de junio) va sobre la adjudicación de unos 300 millones de euros por contratos de emergencia sanitaria hechos por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continuó utilizando hasta 2023, 2 años después de su derogación legal.
Adjudicaciones a dedo
El órgano fiscalizador acusa al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores (aunque en los mismos el objeto de la prestación siempre es "el mismo o similar"), buscando "disminuir la cuantía del mismo" para justificar su adjudicación a dedo a una misma empresa, "eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva" y, en definitiva, "infringir la ley".
Cuando se supo que el juzgado había admitido la denuncia, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, aseguró que se trata de "un 'modus operandi', no hablamos de un expediente puntual, ni de algo aleatorio o excepcional".
Espadas aseguró que iban a presentar otra denuncia tras saberse una información relativa a que el Gobierno regional fraccionó miles de contratos "en fraude de ley" con los que repartió "a dedo" 458,3 millones de euros a esas mismas empresas en 2021.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, por su parte, comentó en el Parlamento andaluz que cuando Espadas era consejero de Vivienda en 2009, el 96% de los contratos que adjudicó eran menores, y que cuando fue alcalde de Sevilla, 9 de cada 10 contratos eran así.
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