La Audiencia Nacional seguirá imputando a Puigdemont el delito de terrorismo en el 'caso Tsunami Democratic'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha desestimado el recurso de la Fiscalía contra su decisión de enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que imputar un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic al ex president Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira, además de a otras 10 personas.

En un auto, el titular del Juzgado central de Instrucción Seis explica que, tras las últimas diligencias practicadas hasta la fecha, se ha afianzado la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo.

Este punto es clave porque, de ser condenado en algún momento Puigdemont por terrorismo, no podría quizás beneficiarse de la ley de amnistía, que a priori plantea excluir de la medida de gracia los hechos más graves y de terrorismo, como los planteados contra Tsunami y los CDR (Comités de Defensa de la República catalana).

Argumentos del juez

Así, frente al argumento de la Fiscalía de que no existen elementos de juicio nuevos -entre el auto del pasado 6 de noviembre y la exposición razonada-, el juez se remite a esta última en la que desarrolla ampliamente la documentación aportada por los Mossos d'Esquadra en relación con los hechos acontecido en el aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019.

Del mismo modo, el también menciona el exhorto enviado al juzgado de L'Hopitalet de Llobregat que incoó diligencias a raíz del fallecimiento de una persona por los hechos de El Prat, así como los escritos de personación de varios policías nacionales personados como acusación particular y que resultaron lesionados en los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona el 18 de octubre de ese año.

El fiscal, en su recurso de reforma, indicaba, además, que la exposición razonada se había presentado cuando el Ministerio Público ya había recurrido en apelación el auto que acordaba dirigir el procedimiento contra los investigados. Sobre esta cuestión, el juez explica que la interposición de dicho recurso de apelación carece de efectos suspensivos, lo que no impide que el instructor siga tramitando el procedimiento.

Argumento del fiscal

Del mismo modo, el magistrado rechaza el argumento del fiscal de que la exposición de motivos se acordara sin fundamento y sin haber ocurrido circunstancia alguna que lo justificara. Al respecto, García Castellón alude a los más de cien folios de la exposición de motivos “a los efectos que el recurrente pueda ilustrarse sobre los motivos de la misma, por lo que en ningún caso pueda admitirse, como se afirma en el recurso, que carece de fundamento”.

El instructor, vistos los recursos de reforma de la Fiscalía tanto contra el auto de 6 de noviembre como contra la exposición razonada, entiende que “debe reflexionarse sobre el hecho singular de tener que insistir ante al órgano que tiene por misión <promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad>, sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo”.

El magistrado concluye que “la gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran, la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello, que en este caso sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como se señala en la Exposición Razonada que se pretende desactivar”.

En otro auto, el magistrado de la Audiencia Nacional rechaza el recurso de Marta Rovira contra la decisión de cursar una comisión rogatoria a Suiza para que comunique su paradero.

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