La propuesta del Ejecutivo andaluz para ampliar los regadíos en el parque nacional de Doñana ha enfurecido a Bruselas y ha advertido a España de las consecuencias si finalmente se aprueba el proyecto de ley.
Una iniciativa que también ha enfrentado al gobierno autonómico y al central, pues a nivel nacional no comparten en absoluto las ideas de la Junta y han pedido a Juanma Moreno que de un paso atrás.
De momento Andalucía no tiene intención de frenar su planteamiento sobre incrementar los regadíos, aunque ha insistido en que "Doñana no se toca" y el proyecto se realizará con el beneplácito de expertos para que el humedal no corra peligro. Pero para la UE no es suficiente e insisten en que no se lleve a cabo.
Pero el asunto de Doñana viene de lejos, pues en 2014 la Comisión Europea abrió un expediente por la extracción ilegal de agua del humedal para zonas cercanas, lo que tras un largo periplo judicial europeo en 2021 se materializó en una sanción de la CE a España.
En esa ocasión, recoge RTVE, no se interpuso una sanción económica, pero sí se abrió la puerta a ello si persiste la infracción.
24 expedientes activos
España es el país europeo con más expedientes activos en lo que a infracciones ambientales se refiere.
En la actualidad, según la información de la Comisión, el país tiene abiertos 24 y si lo de Doñana prosigue, podría unirse a la larga lista.
Está por delante de Grecia, que cuenta con 22 y Polonia con 20.
Pero si se retrocede en el tiempo, en los últimos 30 años España ha acumulado hasta 271 expedientes por incumplimientos ambientales.
La tipología es variada: mal tratamiento de las aguas residuales, vertederos ilegales, mala conservación de entornos naturales, contaminación atmosférica...y un largo etcétera.
Una lista a la que la problemática de Doñana podría volver a añadirse si finalmente el PP y Vox sacan adelante su controvertido plan de regadíos. Y en esta ocasión es muy probable que la UE interpusiese una cuantiosa multa.
"Bruselas solo actúa si hay incumplimiento de la ley del derecho comunitario. Si se aprobara la norma y la UE considerara que no contribuye a que se mejore la situación por la que España fue condenada, puede abrir nuevos procesos", ha remarcado a RTVE Ana Barreira, presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.
Barreira ha recordado que el asunto de las infracciones ambientales no es una cuestión reciente para España, pues "ha ocupado los primeros puestos" varias veces.
"Se va mejorando, pero muchos incumplimientos persisten independientemente del color político", ha subrayado.
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