Hace unos días el juez Juan Carlos Peinado solicitó a Presidencia que enviase a la UCO todos los mails de Begoña Gómez de su cuenta de la Moncloa desde 2018.
Pero la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que evite este análisis. Según ha adelantado RTVE, el ministerio público ha alegado que afectan a su intimidad personal y al secreto de las comunicaciones.
Cree que son "derechos fundamentales constitucionalmente protegidos", subraya en su escrito.
Además, han criticado que parece que se investiga todo lo que esté relacionado con la mujer del presidente del Gobierno.
Consideran que no hay motivación
La Fiscalía ha recriminado que la diligencia se debió dictar en forma de auto y no de providencia, aunque aseguran que no existe ningún fundamento para tal petición.
"La resolución en cuestión adolece de la más elemental motivación y ello supone una quiebra del deber de motivación de las resoluciones judiciales", han enfatizado.
"Es proporcional atendiendo a los indicios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?", se pregunta la Fiscalía.
Peinado emitió una providencia el pasado 3 de septiembre en la que exigió el envío de todos los correos de la mujer de Pedro Sánchez desde julio de 2018, momento en el que se contrató a Cristina Álvarez como asesora, un asunto que le ha valido la imputación por malversación a ambas.
Críticas contra las formas de Peinado
Sin olvidarse de los demás delitos que el magistrado le ha imputado a Gómez en otra investigación: cohecho, corrupción y tráfico de influencias.
"Es preciso conocer las razones que pueden llevar a la adopción de la medida, la finalidad de la medida de acuerdo con la referida ponderación de derechos en conflicto, Y para conocer qué ponderación se ha realizado es necesario acceder a razonamientos y que sean mínimamente plasmados en la resolución judicial", ha recriminado la Fiscalía.
Apoya así a la defensa particular de Gómez, que también recurrió la providencia de Peinado, que criticó que al emitir una providencia la intención del juez fue eludir a la Audiencia, además de insistir en que no se ha motivado la petición y que la medida vulnera varios derechos fundamentales.
En esta causa, el magistrado considera que Álvarez pudo realizar trabajos más allá de su función como asesora y que ayudó a la mujer de Sánchez en cuestiones personales, pero pagada con dinero público.
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