La jueza María Tardón ha mandado ingresar en prisión provisional a Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, de acuerdo con fuentes jurídicas, después de su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional. También ha decidido adoptar la misma medida para los otros dos investigados, entre los que se encuentra el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec.
Martínez va a entrar en prisión provisional sin fianza hasta que la Policía Nacional asegure las bases de datos supuestamente creadas por el hacker Alcasec para consultar toda la información que se obtuvo de manera ilícita.
La magistrada ha llegado a esta decisión para el ex número dos de Interior por el riesgo de destrucción o alteración de las pruebas. En el caso de Alcasec, además de estos dos factores, también ha contado el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.
Alcasec estaba creando un buscador de datos abiertos basado en IA
Durante su declaración ante la juez, que ha durado 30 minutos, ha respondido al fiscal, al juez y a su abogado, asegurando que de la constitución de las empresas no puede desprenderse que supiera su evolución. Y que en ningún momento se ha enriquecido de dato alguno al que hubiera podido acceder.
Parece ser que Alcasec, según su declaración estaba desarrollando un buscador que organiza con inteligencia artificial la información y datos de fuentes abiertas en internet. Por el marco del asesoramiento legal que Francisco Martínez le da a Alcasec, le ha mandado el acceso a ese buscador para que lo pruebe y no ha visto nada anormal, pues se trata de datos que pueden conseguir en cualquier buscador comercial mercantil de pago, según ha comentado.
Accedían a "datos privados y sensibles" de millones de personas
La jueza de la Audiencia Nacional les está investigando por presuntos delitos informáticos y de blanqueo de capitales y les ha vinculado con una red criminal dedicada a la realización de ciberataques de organismos públicos y empresas privadas para lograr "datos sensibles y privados" de millones de ciudadanos que luego vendían en el mercado negro. Además, piensa que usaban criptomonedas para blanquear los beneficios.
En concreto, los delitos que estudia la magistrada son el de blanqueo de capitales, el de descubrimiento y revelación de secretos (intrusismo en un sistema informático y apoderamiento o cesión de datos reservados) y el de organización criminal. No obstante, los detalles no se han conocido porque la causa se encuentra bajo secreto.
Construían "perfiles completos" de usuarios e instituciones
Esta organización había creado una infraestructura tecnológica altamente sofisticada que lograba maximizar la extracción, almacenamiento y procesamiento de los datos que conseguían de forma ilegal mediante estos ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas.
Mediante esa acumulación progresiva de datos, la organización creaba "perfiles completos" y detallados de usuarios individuales e instituciones con el propósito de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de toda la información.
La presunta red criminal "estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los cuerpos y fuerzas de seguridad". Los investigadores han afirmado también que "la estructura operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas".
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