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La Generalitat consuma su rebeldía: anuncia a Montoro que dejará de justificar los gastos del FLA

La Generalitat consuma su rebeldía: anuncia a Montoro que dejará de justificar los gastos del FLA
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(Foto: Oriol Junqueras)
jueves 14 de septiembre de 2017, 17:26h
El Govern ha anunciado que dejará de enviar los informes semanales de gastos a Moncloa, pese a que el ministerio de Hacienda amenazó con cerrar el grifo del FLA a la Generalitat si se detectaba un desvío de fondos al referéndum.

En una carta firmada por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el Govern informa al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no volverán a enviar los informes semanales con los que el Gobierno central controlaba que no se desviara dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al referéndum de autodeterminación.

Desde el mes de julio, el Gobierno central impuso de forma obligatoria que semana a semana se controlasen las cuentas de la Generalitat y el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que si se detectaba un desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre se suspenderían inmediatamente las entregas del FLA. Pese al requerimiento puntual de información a finales de julio sobre un supuesto desvío de 6.150 euros del presupuesto catalán que habría ido a parar al mantenimiento de un sistema de gestión informática, la rendición de cuentas se llevó a cabo sin mayores sobresaltos hasta ahora.

En una misiva difundida a través de varios medios, Junqueras avisa a Montoro de que no cuente con más informes de control de gastos de ahora en adelante ya que el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) que lo aprobó "es incompatible" con el nuevo "régimen jurídico excepcional" orientado a la celebración del referéndum -en alusión a las leyes aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional- ya que supone un "control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".

Junqueras justifica el nuevo marco legal en el "amparo de los pactos de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y en vigor en el Reino de España desde 1977".

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