La polémica tras la reducción de penas a algunos condenados por delitos sexuales (e incluso su excarcelación en algunos casos) al entrar en vigor la 'ley del solo sí es sí', el Ministerio de Igualdad ha ordenado ampliar las pulseras telemáticas a este grupo de agresores.
Una medida que se ordenó el pasado mes de diciembre, pero que acaba de conocerse tras las declaraciones de la delegada del Gobierno contra la violencia de Género, Victoria Rosell.
Así lo ha detallado Rosell durante la presentación de la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025.
Solicitudes en 24 horas
Tras la alarma generada ante los casos de reducción de condena o excarcelación inesperada, Rosell ha detallado el protocolo que impuso Igualdad en diciembre para tranquilizar e intentar dar una respuesta a las víctimas y dotarles de más protección.
En estos casos mencionados, ha indicado que se comunicó dicha instrucción a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial.
La nueva medida contempla que se puede solicitar de forma judicial que estos agresores lleven una pulsera de control y que esta petición se tiene que atender en un plazo máximo de 24 horas.
Estos dispositivos permiten la geolocalización del agresor y de la víctima de forma que si incumple la orden de alejamiento, la Policía recibe una alerta e intervienen inmediatamente sabiendo dónde está cada uno en todo momento.
En la actualidad hay algo más de 3.000 pulseras de control en uso, pero Rosell ha señalado que podrían aumentar a más de 4.000 en los próximos 2 años.
Esta instrucción, ha subrayado, le consta que sí ha llegado a los fiscales, pero no así al CGPJ. Además ha precisado que no tiene conocimiento de que se haya solicitado todavía ninguna medida de este tipo.
Junto con esta medida, la que más ha trascendido por la oleada de críticas generadas por la situación, Igualdad ha presentado su plan estratégico conformado por 266 medidas y con un presupuesto de más de 2.300 millones.
Un plan cuyo objetivo es identificar y atender todas las violencias contra las mujeres que tienen lugar en España para que las administraciones puedan prevenirlas mejor e intentar erradicarlas.
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