El juez del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esa petición llega en medio de la investigación sobre una presunta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el auto que se ha conocido, el instructor del caso reporta a la UCO "para que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a los números" que tenía García Ortiz.
Petición a las compañías telefónicas
Además, solicita a las operadoras de esas dos líneas telefónicas, Movistar y Vodafone, "los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten", así como "los paquetes de datos emitidos y recibidos" y "la identificación del receptor y del emisor".
Hurtado toma esta decisión después de que la UCO le mandara el 3 de enero un informe donde detallaba los identificadores de las líneas y los teléfonos localizados a García Ortiz. En este se llegó a la conclusión que el fiscal general habría cambiado de dispositivo el 23 de octubre, una semana después de que fuera encausado por el Supremo.
En el documento también decían que el teléfono tenía asociados dos números: uno a nombre de García Ortiz y otro a con titularidad de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, con dependencia del Ministerio de Hacienda.
La UCO encontró "cero mensajes"
Hay que recordar que, después de estudiar el contenido del teléfono incautado al fiscal general, la UCO encontró "cero mensajes". Es lo contrario que pasó con el informe sobre el análisis del teléfono requisado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, donde sí se encontraron intercambios de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, las fechas clave de la presunta filtración que está siendo investigada.
Fuentes fiscales admiten que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, aunque lo hacen aclarando que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes. Creen que fue parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.
Investigación de la presunta filtración
La investigación a Álvaro García Ortiz tuvo su origen a raíz de una denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador se encuentra siendo investigado por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En concreto, por defraudar 350.951 euros a Hacienda con facturas falsas a través de una empresa de su propiedad.
El conflicto apareció cuando, en marzo de 2024, se filtraron en la prensa correos electrónicos que se intercambiaron la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto. Esas filtraciones llevaron a la publicación de informaciones que indicaban hacia un supuesto pacto entre la Fiscalía y González Amador. El Ministerio Público sacó un comunicado para desmontar lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia que publicó a las 21:29 horas del 13 de marzo en El Mundo, donde se señalaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador.
La nota de prensa indicaba la cronología de los hechos, publicando la conversación entre ambos, donde quedaba constatado que había sido el abogado de González Amador quien reconoció la comisión de los delitos y ofreció un pacto al Ministerio Público.
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